*Navarro, nuevo detenido por “fraude del sexenio”, fincó su carrera con Fox y Peña
*El exfuncionario de Segalmex más recientemente aprehendido por su presunta responsabilidad en el desvío millonario también ha desempeñado puestos en la Secretaría de Bienestar federal, en la extinta Secretaría de Desarrollo Social y en la coordinación general de Protección Civil.
TAMARA MARES RIVERA
SINEMBARGO/CDMX
La investigación por el llamado “fraude del sexenio” en la institución Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha resultado en un nuevo detenido: Jesús Oscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas, quien fue arrestado el martes por la tarde.
El exfuncionario, que fincó su carrera en el Gobierno federal en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada, eleva la suma de detenidos a 11 de un total de 22 presuntos implicados –entre ellos exfuncionarios– en un desfalco de 142 millones de pesos, el cual está siendo revisado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Navarro Gárate fungió como Director de Administración y Finanzas a partir de julio de 2020, después de que René Gavira Segreste se retirara del cargo y posteriormente fuera vinculado a proceso por las investigaciones de irregularidades; y hasta el 15 de agosto de 2021, cuando se firmó su fecha de baja.
En tanto, Ignacio Ovalle Fernández, político cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador, se desempeñaba como director general de Segalmex, cargo que ostentó hasta que en abril de 2022 se realizó un cambio de funcionarios en medio de señalamientos de millones de irregularidades en gasto.
En su declaración de situación patrimonial de 2022, Jesús Óscar Navarro Gárate indicó que se había desempeñado como coordinador general de Protección Civil en el sexenio de Vicente Fox Quesada, director general de Atención a Grupos Prioritarios en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, director general de Administración de la Compañía Aeroportuaria Hidalguense y director general de Comunicación Periodística en la empresa Asociación de Editores de los Estados.
Hasta septiembre de 2022, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se desempeñaba como funcionario en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar federal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido de irregularidades en Segalmex durante su ejercicio fiscal de 2019 por más de 3 mil 300 millones de pesos; de más de 9 mil 988 millones en 2020 y de 884 millones para 2021. A la fecha, subsisten observaciones de irregularidad por 9 mil 821 millones de pesos ejercidos en esos tres años de funciones, mientras que los demás montos han dado lugar a una nueva acción.
De acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue Navarro Gárate quien en julio de 2020 notificó a la dirección de Asuntos Jurídicos de Segalmex, a cargo de Carlos Antonio Dávila Amerena, que tres convenios que habían sido firmados con Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) incumplían con la normatividad para las entidades paraestatales y la Ley de Adquisiciones.
Estos convenios plurianuales tenían pactado un monto de hasta 7 mil millones de pesos para el secado de la leche, los cuales habían sido firmados por Gavira Segreste.
El caso
Segalmex
El desfalco de Segalmex, institución que fue creada por el Presidente López Obrador para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles”, está en investigación por parte de la FGR por el pago irregular de 145 millones de pesos por casi ocho mil toneladas de azúcar, de las cuales sólo se entregaron tres mil 110 toneladas. El fraude también se reportó en la adquisición de 73.4 millones de pesos en carne a través de cinco convenios, según reportó El País.
En ocasiones anteriores, el mandatario federal ha expresado que no habrá impunidad en el caso, e incluso indicó que si Ignacio Ovalle Fernández, exdirector general de Segalmex y un político formado en el viejo priismo que fue jefe de López Obrador, resulta implicado en las operaciones, tendrá que asumir responsabilidad.
“Yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años. Lo considero que es una gente con principios, una gente honesta. No lo considero una persona corrupta, yo siento que a él lo traicionaron gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero sí él también resulta que tiene responsabilidad [en el caso Segalmex], él tiene que asumirla”, dijo el Presidente en conferencia de prensa a inicios de este abril.
La sospecha de fraude en Segalmex data desde al menos el 2022, cuando el Presidente hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la FGR en la materia. “Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa.
En abril de ese mismo año, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero anunció que existía una investigación por el uso indebido de recursos públicos en la institución, que resultó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.
De acuerdo con las autoridades federales, el exfuncionario habría autorizado entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020— la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos públicos asignados a Segalmex. Se hizo una segunda vinculación a proceso de Gavira Segreste en noviembre, ahora por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque “probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”.
Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo del año en curso, la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre los cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, dijo en ese momento la FGR.
Hasta el momento, además de Navarro Gárate y Gavira Segreste, han sido detenidos Fernando “Z”, empresario que representaba a la compañía Servicios Integrales Carregín, señalada por desvíos de unos 142 millones de pesos; José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa Servicios Integrales Carregin, quien fue acusado de delincuencia organizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, a quien se le dictó prisión preventiva oficiosa en tanto la investigación es complementada e inicia el juicio en su contra.
Fue a través de Carregin que se habrían realizado las supuestas compras de 7 mil 840 toneladas de azúcar con un costo total de 142 millones 440 mil 883 pesos, pero que nunca fueron entregados a la dependencia. Por este mismo caso fue que se detuvo a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro; y Gonzalo Mora Nateras.
La Fiscalía igualmente obtuvo las detenciones de Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, quien fue acusado penalmente de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control presupuestal de Liconsa; Simón Escobar Copca, exjefe de almacén de Diconsa en Querétaro; y Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex, también fue detenido, pero el pasado 16 de marzo un Juez federal con sede en Almoloya de Juárez determinó que no había pruebas suficientes en su contra para vincularlo a proceso por los delitos de los que se le acusaban, por lo que fue liberado. El Ministerio Público presentó una apelación en respuesta a la resolución del Juez Gregorio Salazar Hernández.
