MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO ,GRO.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) Andrés Álvarez Añorve, pidió al gobierno federal que beneficie con obra pública a las pequeñas y medianas empresas constructoras. Aseguró que hasta ahora sólo han recibido amenazas de extorsión, sin que se concrete ese delito contra algún miembro de esa organización; y dijo tener conocimiento que el mayor problema de inseguridad para las empresas está en la Tierra Caliente.
Señaló que casi de manera tradicional, la Federación sólo asigna obra pública a empresas constructoras grandes, relegando a las pequeñas y medianas que sobreviven con contratos que les asignan el gobierno del estado y ayuntamientos.
Las estadísticas indican que más del 95 por ciento de las licitaciones para la asignación de obra pública se realizan a nivel federal, por lo que las empresas que operan en los estados no son beneficiadas con contratos.
Ante esto la AMIC ha tenido acercamientos con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y con el Instituto Nacional de Vivienda (Invi) para que consideren a las empresas locales en la asignación de contratos para realizar obra pública.
Aclaró que son altos los costos con cargo a las empresas para participar en grandes licitaciones de obra pública, la cual es otra limitante para no acceder a obra pública federal.
Hizo votos porque las empresas que integran la AMIC, sean consideradas en la construcción de un hospital regional del ISSSTE en Acapulco, en el que se tiene previsto una inversión superior a los 3,000 millones de pesos. Aclaró que la asignación de esa obra estará a cargo del gobierno federal.
En otro tema informó que están en espera de que el gobierno del estado comience el proceso de licitación de la obra pública programada para este año. Al respecto señaló que se registra un retraso en la liberación de los recursos económicos etiquetados para la obra pública.
Recordó que el año pasado también hubo un retraso en la liberación de los recursos para la obra pública estatal, pero que entienden que así haya ocurrido porque fue prácticamente el primer año de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Aclaró que la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción no tiene obras asignadas como tal, pero sí las hubo el año pasado a favor de empresas que están incorporadas a esa agrupación.
En materia de seguridad el líder empresarial aseguró que algunos empresarios de la construcción sólo han recibido amenazas de extorsión y que ninguna se concretó. Dijo tener conocimiento que el problema mayor de inseguridad se vive en la región de la Tierra Caliente, pero que hasta ahora no tiene reportes de repercusiones negativas contra constructores que pertenecen a la AMIC.
