Secuestro y asesinato de Hernández Cardona y miembros de la UPI
JESÚS SAAVEDRA/AGN
CHILPANCINGO, GRO.
El dirigente perredista, Arturo Hernández Cardona formó la Unidad Popular de Iguala en torno a demandas sociales de colonias de familias de escasos recursos y en favor de campesinos de la zona Norte de la entidad.
Fue notoria la discrepancia política que sostuvo el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sobre todo cuando Arturo Hernández Cardona llegó a increparlo en una sesión de Cabildo, donde irrumpió con sus simpatizantes.
El jueves 30 de mayo del 2013, Hernández Cardona y afiliados a la UPI realizaron una protesta en la caseta de peaje de la autopista de Iguala a Taxco.
Cuando se retiraban de ese lugar fueron interceptados por hombres armados quienes privaron de su libertad a su dirigente y a seis personas más.
El lunes 4 de junio los cuerpos de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román fueron encontrados en un paraje en el kilómetro 170 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
Uno de los sobrevivientes, quien dijo que logró escapar, explicó que sus captores mataron a tres de sus compañeros casi de manera inmediata, “a Arturo (Hernández Cardona) lo mataron desde el mismo viernes; el sábado mataron a golpes, frente a nosotros, a Rafael (Balderas Román) y hoy (ayer) en la mañana que nos escapamos, a Ángel (Román Ramírez)”.
“Nosotros (los cuatro que escaparon) de milagro estamos vivimos, y me voy de Iguala porque me van a matar, luego nos hablamos”, expuso Héctor Arroyo Delgado.
De acuerdo a testimonios la orden de privarlos de su libertad y de asesinarlos fue instruida por el propio Abarca Velázquez quien poco más de un año después estuvo prófugo por su responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El pleito
En enero de 2013, ya con Abarca como presidente municipal, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).
Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a Abarca de vínculos criminales. En medio de ese estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.
Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona. Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el alcalde fue quien acusó a Hernández.
Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas y comenzó a hablarse de Guerreros Unidos.
Para el 29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ. Quienes estuvieron ahí refieren que las cosas se pusieron muy tensas. Abarca al final gritoneó:
–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.
Hernández Cardona le reviró:
–¿Para qué tienes gente, presidente? ¿Para qué trabajo?¿Nos vas a matar?
Ese mismo día, varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el presidente municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal.
Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado , J. Carlos Dorantes García, Rafael Ochoa , Justino Amos Osores Narcizo, Ángel Román Ramírez, Daniel Jardon López, Francisco Abarca Perales, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado y Bernardo Cruz Manjarrez.
Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.
Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron. Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón. Ahí fueron levantados.
El hallazgo
El 3 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar de sus captores.
Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.
En Iguala no se supo nada sino hasta el 3 de junio. El activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz, oriundo de Costa Chica. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba Iguala, pues temía por su vida.
Interviene
la CIDH
En febrero del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada al litigio sobre la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del activista social Arturo Hernández Cardona ocurrido en 2013, caso en el que estaría involucrado el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, informó la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC).
Representantes de los familiares de Hernández Cardona, quien fuera también dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ), informaron que el 23 de febrero de 2022, la CIDH notificó la admisibilidad del caso y dio plazos a los agraviados y al Estado mexicano para ampliar información sobre el mismo, a fin de emitir un informe de fondo y remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La defensora Magdalena López Paulino recordó que el caso de Hernández Cardona, localizado sin vida el 3 de junio de 2013, “es lo que mantiene en la cárcel a José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa”, quien estaría también vinculado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, caso del que en septiembre pasado fue exonerado.
Apuntó que desde que ocurrió el crimen del activista, cuyo cuerpo sin vida fue localizado junto a los de Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, los familiares de Hernández Cardona y la Red Solidaria buscaron que se hiciera justicia, señalando la responsabilidad del crimen a Abarca así como su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, de acuerdo al testimonio de un sobreviviente.
“Estamos convencidos de que si en su momento las autoridades federales hubieran atraído el caso, no habría ocurrido la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, y se habría sentando un precedente para que un caso como éste, de desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra defensores, no quedara impune”, resaltó López Paulino.
Soledad Hernández Mena, hija del activista, señaló que la familia llevaría el caso hasta la Corte Interamericana, ya que hasta la fecha el caso sigue en la impunidad, “no hay una sentencia contra José Luis Abarca (que se lleva en un juzgado de Matamoros, Tamaulipas), mientras que seguimos siendo objeto de hostigamiento y amenazas”, dijo.
Ericka Zamora Pardo, integrante de la Red Solidaria explicó que durante mucho tiempo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se negó a atraer el caso, y cuando lo hizo, un año después, fue por homicidio y secuestro, “negando la existencia de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, tiempo después, se logró que se acreditaran esos delitos pero sigue sin haber justicia”.
La defensora destacó que pese a la existencia de medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de los familiares de las víctimas y testigos, hasta ahora han sido insuficientes para protegerlos de hostigamientos, seguimientos y amenazas.
