*La población de la montaña ayutlense sigue exigiendo verdad, justicia y reparación del daño
*Fue el 14 de diciembre de 2018 que la CIDH, mediante su informe No.166/18, declaró que “la masacre ocurrida en el poblado de El Charco, la responsabilidad fue de los agentes militares”
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
CHILPANCINGO, GRO.
Hace 25 años, el 6 de Junio de 1998, en la comunidad ñuu savi de El Charco, municipio de Ayutla de los libres, hubo una asamblea comunitaria para tratar problemáticas de la población, como la alfabetización, precios de producción, infraestructura, falta de agua y electricidad. A la madrugada siguiente, el 7 de junio, un grupo de militares llegó a la Escuela Primaria Caritino Maldonado, lugar donde se desarrolló la asamblea, y asesinó a 11 personas, otras 27 quedaron heridas.
25 años después de esos hechos la justicia para los habitantes de este pueblo ñu savi.
Durante la madrugada de ese 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano arribaron a la comunidad El Charco, y rodearon la primaria, donde dormían varios de los que participaron en la asamblea. A las 4:50 horas inició un tiroteo cuyo fin fue hasta las 10:55 horas; fueron seis horas de balazos, de acuerdo al relato de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Efrén Cortés Chávez, uno de los sobrevivientes de la masacre relató que el Ejército rodeó la primaria e irrumpió con disparos y granadas de fragmentación. “Esto provocó el fallecimiento de 11 personas y dejó cinco heridos, además de 25 detenidos”, mencionó en entrevista.
“Después de la masacre el Ejército sitió la zona y las comunidades cercanas, por lo que se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones defensoras de derechos humanos; dos días después, por fin pudieron pasar pero las autoridades habían tenido suficiente tiempo para borrar todas las evidencias”, agregó.
Otra de las sobrevivientes y que hoy es parte de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Ericka Zamora Pardo, en ese momento era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco de la UNAM, tenía 21 años y era la única mujer en la asamblea.
A 25 años de la masacre Zamora Pardo se pregunta: “¿Qué hemos hecho? ¿Dónde estamos? ¿Qué sigue?”.
En entrevista, la hoy activista informó que están a la espera del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el que se decidirá si hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos en el caso.
Es el primer caso en México “contra el Ejército mexicano por ejecuciones extrajudiciales contra población civil. El caso de la masacre de El Charco marcará un precedente importante en la justicia mexicana, en esta lucha contra la impunidad, contra la militarización que cada día esta intensificada en el país”.
Tanto Cortés Chávez y Zamora Pardo fueron detenidos ese 7 de junio por los militares y fue el 15 de junio del 2002 que un juez dictó auto de libertad a ambos.
Se les detuvo bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, pero su defensor de oficio, Héctor Hernández, logró asentar que los hechos no correspondían a la tipificación de los delitos.
Fueron los
militares
Algunos años después, el 16 de julio de 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A C, el Comité de Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, y el Comité de Viudas de la Masacre de El Charco presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998.
Fue el 14 de diciembre de 2018 que la CIDH, mediante su informe No.166/18, declaró que “la masacre ocurrida en el poblado de El Charco, en un contexto de militarización en una zona de población predominantemente indígena la responsabilidad fue de los agentes militares por las muertes, los heridos y las detenciones ilegales”.
También observó la falta de investigación y sanción de los responsables de la masacre, “lo que podría caracterizar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en su informe.
Aunque este es sólo un informe, falta la sentencia y recomendación final, que es donde las víctimas esperan tener algo de justicia.
Aun cuando el caso está en la CIDH y que el organismo ha emitido un informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los habitantes ñuu savi no se han investigado.
“Por su parte la comunidad del Charco sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera está en pésimas condiciones y la violencia indígena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria”, dijo Cortés Chávez.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó en su comunicado por los 25 años de la masacre, que lo ocurrido en El Charco expone lo peligroso que es que el Ejército asuma labores de seguridad pública.
“Carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Estas masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero. La impunidad en que se encuentran lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad”, se lee en ese comunicado.
A 25 años de la masacre, para las víctimas y organizaciones de derechos humanos el acceso a la justicia es un tema pendiente; el gobierno federal aún adeuda verdad, justicia, reparación integral del daño y medidas para la no repetición de los hechos.
“Graves violaciones como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos”, planteó Tlachinollan.
