*Diputados y senadores de oposición impugnaron el decreto que declara proyectos de infraestructura como seguridad nacional y otorgó su administración a militares
DAVID VICENTEÑO
EXCÉLSIOR/CDMX
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados y senadores de oposición en contra del decreto que declaró a proyectos de infraestructura, actualmente en construcción, como de seguridad nacional y otorgó su administración a las Fuerzas Armadas.
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 112/2023 y su acumulada, 216/2023, promovidas por senadores y diputados de la 65 Legislatura inconformes con la publicación de decreto presidencial, el pasado 3 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ambos asuntos fueron asignados, por turno, al ministro Alberto Pérez Dayán, quien recibió la encomienda de analizar las inconformidades de la oposición y elaborar un proyecto de sentencias para proponerlo a sus pares del pleno en las próximas semanas.
Pérez Dayán fue el encargado de elaborar el proyecto con el que se invalidó el decreto con las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que integraron la primera parte del llamado plan B de la Reforma Electoral.
El decreto impugnado reformó el Artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y adicionó un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las reformas daban el aval para que vías generales de comunicación y los modos de transporte, responsables de la federación, podrán asignarse a entidades paraestatales con vigencia indefinida.
Esta asignación no podrá cederse ni transferirse, bajo ningún título, y únicamente serán suspendidos cuando se acredite que no son estratégicos o no son de interés público.
