LYDIETTE CARRIÓN
PIE DE PÁGINA
“Yo creo que mi papá tardó en darse cuenta de lo que era Abarca”, comenta, como pensando en voz alta, Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona. Hace 10 años (a finales de mayo de 2013), Arturo y siete colaboradores suyos fueron víctimas de desaparición forzada y tortura por mandato del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. A Arturo y tres más, Abarca además los asesinó. Cuatro de ellos lograron escapar.
La entrevista es en la CDHCDMX, después del acto conmemorativo. Dirigentes de Guerrero, familiares de algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa –el crimen cometido en contra de ellos está también ligado al crimen contra Hernández Cardona y sus compañeros–, familiares de Julio César Mondragón, estudiante torturado y asesinado también en Iguala, líderes sindicales de las minas en Taxco, todos se reúnen para recordar el trabajo social que realizó Hernández Cardona.
Tras el evento, Soledad narra en retrospectiva lo que ocurrió aquel año de 2013. Ella advierte que las amenazas y el peligro que corrieron su padre y colaboradores fue tras una discusión en el cabildo, cuando Hernández Cardona confrontó que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca y mano derecha de éste, estaba vinculada con el crimen organizado; en particular cuando señaló los vínculos que la familia de Pineda Villa tenía con el cartel de los Beltrán Leyva.
Ese fue el detonante, reflexiona Soledad, como para sí. De hecho, narra, pocos días después de que Hernández Cardona y su gente denunciaran penalmente a la dupla Abarca–Pienda Villa por vínculos criminales, que esta célula los desapareció y asesino.
–Pero los vínculos de Pineda Villa eran algo que ya se sabía allá– se le cuestiona.
–No mucho–, aclara. Aunque –sí había salido algo en la revista Proceso. Pero ellos (los Abarca), cada vez que salía algo en la prensa, compraban todo el material (en los kioskos). Y nada llegaba a Iguala.
Agrega además que la prensa local sacaba poco o nada; la prensa policiaca en parte por estar en la nómina de las autoridades; otros más, por miedo. Los últimos, porque el gobierno estatal, que en ese entonces estaba dirigido por Ángel Aguirre, protegía a Abarca.
Y como para sí también explica que al interior del entonces Partido de la Revolución Democrática, aunque varios sabían de estas actividades criminales, esos vínculos, aquellos que sabían hicieron de la vista gorda.
Hace unos días, el juez federal Samuel Ventura Ramos desestimó los delitos de ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada, que Abarca, cometió en contra de Arturo Hernández Cardona y otros miembros de la Unidad Popular. Hoy se cumplen 10 años de que Abarca cometiera estos crímenes.
“La verdad sí deja un sabor amargo”, explica Soledad. Aunque le dan 92 años por secuestro, la justicia federal no reconoce ni el delito de desaparición forzada –aunque Abarca era servidor público cuando cometió los crímenes–, ni la tortura cometida ni la ejecución extrajudicial.
Además, añade, “esta sentencia no está firme”, acusa; la defensa todavía puede impugnar la sentencia, y lo va a hacer. Hernández Mena teme que posteriormente se reduzca aún más la sentencia.
La joven tuvo que abandonar Iguala pocos años después de la desaparición forzada de su papá. Aunque había intentado mantenerse en el lugar para presionar y exigir que se hiciera justicia (desde el inicio hubo testigos que declararon cómo vieron que Abarca mató personalmente a Hernández Cardona), nadie les hizo caso.
Las primeras amenazas llegaron pocos días después de que su padre fue hallado torturado y muerto. La familia y varias organizaciones “tomaron” el palacio municipal de Iguala como forma de protesta. Pero las amenazas anónimas de muerte no tardaron. A sus teléfonos llegaban mensajes que amenazaban con muerte si no dejaban el Palacio y se retiraban.
Las amenazas continuaron hasta dos o tres años después, por lo que familia decidió mejor dejar la región. Sumado a las amenazas, no había una sola autoridad que hiciera caso, a las acusaciones directas contra Abarca.
Por ejemplo, familiares y amigos pidieron al congreso de Guerrero que retirara el fuero a Abarca para que fuera procesado. Pero el Congreso no lo hizo. En cambio Ángel Aguirre sí hizo declaraciones públicas en apoyo al cabildo de Iguala, a pesar de que ya había una denuncia ante el ministerio público, por amenazas de muerte, por vínculos con el crimen organizado. Activistas, también pidieron que la entonces Procuraduría General de la República atrajera el caso, pero tampoco lo hizo. Sólo hasta que aconteció la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de otras seis personas (más de un año después del caso Hernández Cardona), las autoridades federales aceptaron atraer el caso.
“Ahora dicen que en realidad no existía Guerrero Unidos”, exclama Soledad. En algunos círculos políticos, pareciera que se reescribió la historia para proteger a grupos políticos que continúan activos, en cargos públicos, tanto en Guerrero, como a nivel nacional.
Y lo sabe porque su padre de hecho fue dirigente político nacional y ni eso lo protegió frente al grupo criminal que decidió acabar con su vida, y que posteriormente, como se narró anteriormente, este crimen quedara a todas luces impune. Sólo hasta que el caso de los 43 fue un escándalo internacional –y como se ha narrado en otros trabajos, los casos están indisolublemente ligados–.
