Ley de Desaparición, está en la congeladora del Congreso de Guerrero
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
AMAPOLA PERIODISMO
Aun con la insistencia de los colectivos de búsqueda al Congreso local para que legislen una ley estatal en materia de desaparición de personas, los diputados siguen sin fechas claras para discutirla en pleno.
Fueron los colectivos quienes, a través de una marcha el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, que presionaron a los diputados para retomar los trabajos de ello que proponen sea la Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada. Esta propuesta en realidad la plantearon desde el 2018.
La iniciativa actualmente está en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, donde, afirman, trabajan para poder presentarla al pleno, aunque sin una fecha clara aún.
El secretario de la Comisión de Derechos Humanos, el morenista Osbaldo Ríos Manrique, aseguró que los trabajos para sacar la ley están en marcha y que al ser un problema grave y complejo se analiza con calma la propuesta de iniciativa.
“Esta es una iniciativa que nos llegó a la Comisión de Derechos Humanos y no podemos sacar una iniciativa o una ley al vapor, y tenemos que dialogar con todos los colectivos”, dijo Ríos Manrique en entrevista.
Los documentos sobre los que se trabajan para crear esta ley estatal son dos, el primero es una iniciativa que se presentó en el pleno el 10 de noviembre del 2022, los promoventes de esta iniciativa fueron las diputadas Nora Yanek Velázquez Martínez, de Morena; Leticia Castro Ortiz, del Partido del Trabajo (PT), y el también morenista Alfredo Sánchez Esquivel.
El otro documento es otra iniciativa que los colectivos trabajan con organizaciones internacionales desde 2018 y que en el 2021 la presentaron a los diputados de la 62 legislatura, quienes la mandaron a la congeladora y al final resultó perdida, de acuerdo con la representante del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores.
Ríos Manrique dijo que «no es que se pierdan, lo que pasa es que cuando termina una legislatura todo lo mandan al archivo», y justificó, «cuantas iniciativas no han tenido otras legislaturas y que ahorita el grupo parlamentario de Morena las está sacando», mencionó.
Aseguró que continúan las mesas de trabajo con los colectivos en las cuales todavía se discuten varios temas de la nueva ley.
El vocero del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, David Molina Rodríguez, señaló a los diputados de no querer aprobar la ley y mencionó que hay quienes se opusieron a su creación porque existe una legislación federal sobre el tema de desaparecidos.
Ríos Manrique aseguró que en las discusiones sí hay participaciones al respecto, pero dijo que en la Comisión de Derechos Humanos todos esperan aprobar la ley.
Para entender Mejor: Colectivos de familiares de personas desaparecidas protestan para exigir Ley de desaparición forzada
Congreso de Guerrero pierde iniciativa de Ley de desaparición forzada impulsada por colectivos
“Todavía en la Comisión de Derechos Humanos no sesionamos sobre ese tema para mandarlo al pleno, pero los cinco integrantes queremos que se agote la discusión para presentar al pleno una ley lo más completa posible”, dijo el diputado morenista.
En la manifestación del pasado 7 de marzo los participantes que exigieron al Congreso retomar los trabajos de la Ley fueron la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Siempre Vivos de Chilapa, Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.
De acuerdo con Antúnez Flores, los colectivos solicitan que con la nueva ley exista más presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guerrero (CEAV), y su independencia de la Secretaría General de Gobierno.
“La Comisión Estatal de (Atención a) Víctimas no tiene ni oficina, es una casa que no tiene las áreas adecuadas para atender a las familias, no hay la infraestructura ni del lugar ni del personal. Queremos personal calificado para atender a las víctimas, tanto psicólogos, secretarias y todo”, mencionó Antúnez Flores en entrevista.
“Tantos colectivos que somos y cuando solicitamos búsquedas tenemos que hacer fila hasta que se desocupen de la búsqueda que algún otro colectivo esté haciendo en ese momento para acceder a los materiales, maquinaria y personal oficial, por lo que muchas veces preferimos hacerlo por nuestra cuenta”, agregó.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado, a la CEAV se le otorgó para este año un presupuesto de 13 millones 577 mil, que representa una tercera parte de lo que recibe la Oficina de la Gobernadora, con 33 millones 95 mil pesos a su disposición.
Con esos 13 millones la dependencia estatal pretende atender 4,000 casos de personas desaparecidas en Guerrero, de acuerdo con cifras oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Consultado sobre el tema, Molina Rodríguez aseguró que en Guerrero son más de 4,000 personas desaparecidas, “porque no se cuentan los que no denuncia, por miedo o porque son amenazadas”.
Tan sólo en el Colectivo Lupita Rodríguez hay varias familias que no denunciaron la desaparición de su familiar.
Para Molina Rodríguez, una de las principales exigencias es la creación de un Centro Regional de Identificación Humana en Guerrero, porque en la actualidad “se siguen encimando los restos humanos sin ningún respeto”.
Cree que con este centro de identificación el proceso de tomas de muestras a las familias y el reconocimiento de cuerpos sería más sencillo.
Su propuesta es que sea instalado en Atoyac de Álvarez, “porque ahí empezó la tragedia de la desaparición de personas”, y como un recordatorio y homenaje se llame Lucio Cabañas Barrientos.
Esto porque en gran parte de la Sierra de Atoyac, durante la llamada guerra sucia, que académicos y sobrevivientes nombran un terrorismo de Estado, el Ejército y grupos paramilitares desaparecieron, de acuerdo a datos oficiales, a 640 personas, algunas por ser señaladas de participar en movimientos armados insurgentes, otros sólo por simpatizar por la causa y otros simplemente estuvieron en la hora y lugar equivocados.
Con el antecedente de impunidad de la guerra sucia, que data de 1960 a 1980, académicos aseguran que fue el comienzo de la omisión del Estado en prestarle atención al tema de las personas desaparecidas.
