Amenazas y extorsión a víctimas, antecedentes de matanza en mercado de Toluca

KARINA VILLANUEVA
QUADRATÍN EDOMEX

Tras la detención de los nueve investigados por el homicidio de nueve personas en la Central de Abasto de Toluca, ocurrido el pasado lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que hay antecedentes de amenazas y extorsión contra los locatarios fallecidos por parte de los detenidos, específicamente de los integrantes del Consejo de Administración de la Central.

Detalló que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban. “Para ello iniciaron acciones legales en su contra; sin embargo, los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio ultimátum de que de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.

Tres de los detenidos, identificados como Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N” desempeñan cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente.

Uno más, David Jehuel “N” es el responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central. Presuntamente estos sujetos, bajo distintas formas de intervención se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar la agresión consistente en irrumpir en el lugar, hacer detonaciones con armas cortas y quemar los espacios en los que se encontraban los comerciantes minoristas, conocidos como “Isla”, con la finalidad de que los desocuparan.

El día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la Central, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos. Se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras. Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente.

El personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el debido auxilio a las víctimas no obstante que era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.

Todos los antes mencionados son investigados por su probable intervención como ordenadores y partícipes de la agresión. Por lo que respecta a los autores materiales la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en contra de un individuo adicional que se encuentra plenamente identificado y continúa realizando actos de investigación para establecer la identidad de los restantes. El sujeto antes referido no sólo realizó actos de vigilancia en días previos, sino que se reunió con el grupo de personas que planearon y ordenaron la agresión.

Los detenidos fueron ingresados al penal de Almoloya de Juárez y puestos a disposición de un Juez de Control quien habrá de determinar su situación jurídica.