GIEI presentará último informe sobre Ayotzinapa; acusa opacidad
*El grupo de expertos deja México después de ocho años ante la imposibilidad de acceder a los archivos del Ejército para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos
*Entre sus logros destacan la detención de Murillo Karam y el arresto de militares involucrados en el caso Ayotzinapa
*La integrante Ángela Buitrago, familiares y derechohumanistas hacen un balance de su labor
CÉSAR MARTÍNEZ*
CIUDAD DE MÉXICO
La opacidad se impuso en el caso Ayotzinapa. Ante la imposibilidad de obtener nueva información, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos últimos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas en 2014, dejarán de colaborar con el gobierno federal el 31 de julio. Antes, este martes 25, presentarán su último informe.
En entrevista, Buitrago asegura que se les empezaron a cerrar las puertas de las instituciones, sin especificar cuáles. Es cuidadosa de no mencionar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero cuenta que, antes de tomar la decisión de no renovar su estancia en México, se preguntaron si podrían hacer alguna nueva aportación, a partir del 1 de agosto, para ayudar a resolver el caso.
“Precisamente por la misma opacidad [con] que [se] maneja esto. Solamente podríamos aportar [algo más] en la medida en que se cumpla el compromiso que se hizo, de tener toda la información, y toda la información es toda”, subraya vía telefónica la exfiscal colombiana.
“Aquí hay unos nudos de protección muy fuertes, muy fuertes. Vienen heredados [de gobiernos anteriores]. Entonces, puedes generar personas de la administración que hacen un papel muy bueno, pero dentro de las mismas instituciones tienes gente que se recicló”.
Sin dar nombres, Buitrago asegura que esas personas tienen un grado de poder muy importante. “Y hay instituciones, y soy muy neutral, no voy a decir nombres, que son jerárquicamente institucionalizadas y [esas personas] tienen poder y mando, así sean retiradas”.
La detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y haber expuesto la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, son logros del GIEI señalados por diversas fuentes consultadas para hacer un balance de su labor, a la vez que perciben en los expertos una disminución de su crítica al gobierno.
No es la primera vez que el GIEI se queja de la falta de transparencia de las instituciones mexicanas. Desde su primer informe, presentado el 6 de septiembre de 2015, el grupo expuso la pérdida y el ocultamiento de evidencia. En los ocho años y cuatro meses que investigó el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló hallazgos como la existencia de un quinto autobús tomado por los normalistas en Iguala que podría haber transportado droga o dinero, el cual no fue incluido inicialmente en la investigación, y la infiltración de militares entre los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Expuso también que efectivos de la Marina fueron los primeros en llegar al basurero de Cocula, pero no se registró en el expediente la diligencia que realizaron en el lugar donde, según la versión oficial, los normalistas fueron incinerados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. También ha asegurado tener pruebas documentales de que el Ejército, en 2014, hacía un seguimiento de las actividades de esta organización delictiva a través de un centro regional de inteligencia militar, pero la Sedena negó que existiera cuando desaparecieron los estudiantes.
Buitrago aclara que la falta de transparencia proviene de diferentes dependencias, y revela que el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), convertido en este gobierno en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), les entregó una parte de la información que posee sobre el caso Ayotzinapa, pero luego agregó en una nota que no se podía usar porque era un tema de seguridad nacional.
“¿Cuál es la intención?”, cuestiona la Fiscal de Hierro, como es conocida en su natal Colombia. “Información de seguridad nacional no existe ahí. Que están torturando a la mitad de los detenidos, ¿eso es información de seguridad nacional? Perdón, pero tienen en sus filas gente que está cometiendo delitos y crímenes atroces”, añade, nuevamente sin dar nombres.
Pendientes
Una fuente federal confirmó a este periodista que existe una orden de aprehensión en contra de Ignacio Mendoza Gandaria, exdirector de Apoyo a la Operación del Cisen, por el delito de tortura a presuntos integrantes de Guerreros Unidos, pese a lo cual volvió a ocupar un cargo en el CNI y labora con normalidad en el organismo.
Mendoza Gandaria fue identificado en un video difundido en julio de 2020, en el que también se observa a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, durante un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal acusado de participar en la desaparición de los normalistas. En las imágenes, el Cepillo está desnudo del torso y con la cabeza cubierta; aunque no se observa que sea golpeado, dos partes médicos incluidos en el expediente del caso registraron 31 lesiones en su cuerpo.
Mendoza Gandaria es el primer funcionario del CNI procesado penalmente por el caso Ayotzinapa.
“Eso es gracias al GIEI”, señaló la fuente federal para remarcar la importancia de la asistencia técnica del grupo de expertos en México, al colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la elaboración de los casos penales, y lamentó que el proceso en contra del mando del CNI se encuentre estancado en la fiscalía federal.
Con el apoyo del GIEI, en agosto de 2022 se detuvo a Murillo Karam, y a finales del pasado junio fue arrestado Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) —el tercer funcionario de más alto rango de la antigua Procuraduría General de la República (PGR)—, acusados de fabricar la “verdad histórica”, al igual que Zerón, quien se encuentra prófugo en Israel. En el último mes fueron también detenidos diez militares, incluido el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
“Todo esto es histórico, y es por la asistencia del GIEI”, remarcó la fuente consultada.
Como parte de sus facultades, el grupo de expertos colaboró con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR para armar los procesos judiciales de las personas encausadas penalmente. (Publicado en A dónde van los desaparecidos)
