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Personas encarceladas sumaron 226 mil en 2022, 2.6% más que 2021: Inegi

REDACCIÓN/QUADRATÍN
CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre de 2022, en los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad o internada se conformó por 226 mil 116 personas, de las cuales el 94.4 por ciento eran hombres y 5.6 por ciento, mujeres. Con respecto a 2021, se registró un aumento de 2.6 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este martes los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F), 2023.

En promedio, 39.0 por ciento de las personas privadas de la libertad/ internadas en 2022 no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3 y para los hombres, de 38.4.

En 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 por ciento se encontró en prisión preventiva oficiosa; 23.9 por ciento, en prisión preventiva justificada; 11.4 por ciento, en otro supuesto jurídico y, para 14.5 por ciento, no se identificó el tipo de estatus jurídico.

Estructura

y recursos

Al cierre de 2022, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 314 centros: 15 centros penitenciarios federales, 248 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados.

Del total de centros penitenciarios, 31.5 por ciento (99) contó con alguna certificación o acreditación.

La cifra representó un aumento de 3.1 por ciento con respecto a lo registrado en 2021.

En el mismo periodo, se reportó una capacidad instalada total de 222 mil 133 espacios para las personas privadas de la libertad/ internadas: 28 mil 520 correspondieron a los centros penitenciarios federales, 186 mil 755 a los centros penitenciarios estatales y 6 mil 858 a centros especializados.

Estos programas estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios federales, así como de los centros penitenciarios y centros especializados en cada entidad federativa, específicamente, en la función de sistema penitenciario.

Su finalidad es vincular los datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el tema referido.

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