Alcaldes de Tierra Caliente promueven amparo contra actuaciones de la FGE

*Se da a conocer el recurso promovido por Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán “y otros presidentes municipales”

*La FIDG solicitó información al Congreso sobre alcaldes relacionados con una investigación por delitos graves

ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CILPANCINGO, GRO.

El alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares y “otros” presidentes municipales de Tierra Caliente y la región Norte, iniciaron un juicio de amparo en contra de actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con información que ha comenzado a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp, se conoció que desde el 26 de julio pasado, el alcalde de filiación perredista, inició la promoción de un juicio de amparo en contra de actos de la FGE, a cargo de la Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Lo anterior, después de que se diera a conocer que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves (FEIDG), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene abierta una carpeta de investigación que involucran a ocho alcaldesas y alcaldes de la Tierra Caliente y uno de la región Norte, por la presunta comisión de delitos graves.

Dicha información trascendió después de que la FEIDG presentara el oficio FGE/FEIDG/925/2023, por el cual solicitó copias certificadas de las actas de protesta o, en su caso, las constancias documentales que acrediten a los servidores públicos que se encuentran relacionados con la carpeta de 12020910300010290423, por la presunta comisión de delitos graves.

Las autoridades involucradas son César Ortiz Torres, presidente municipal de Acapetlahuaya y militante activo de Movimiento Ciudadano (MC).

En ese oficio, la FEIDG solicitó información documental de la priista Mayte Arce jaimes, alcaldesa de Cutzamala de Pinzón; su compañero de partido, Bulmaro Torres Berrum, de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Pungarabato; Jose Luis Antunes Goicochea, de Tlapehuala y Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlan del Progreso.

Los alcaldes perredistas relacionados con la misma carpeta son Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán y Freddy Vázquez Palacios, de San Miguel Totolapan.

En la lista presentada al Congreso local se encuentra la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, hija del ex dirigente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre y hermana de la ex diputada Celeste Mora.

En esa carpeta se menciona a la diputada local del PRD, Elzy Camacho Peñaloza, hija del finado ex alcalde de Coyuca de Catalán.

El Congreso respondió a la FIDG que no era instancia para aportar la información requerida, misma que sí fue aportada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

De la inconformidad

En el recurso que promueve el presidente municipal de Coyuca de Catalán, se señala que de acuerdo con la ley, las investigaciones relacionadas con la comisión de un delito se deben desahogar en la zona territorial en que se denunciaron.

En la investigación que se encuentra en curso, refiere que se desarrolla fuera de la zona jurisdiccional que le corresponde.

“El quejoso reclama de forma destacada la integración de la carpeta de investigación que se sigue en su contra y las consecuencias derivadas de la integración de la misma, las cuales se materializan fuera del territorio donde el juzgado le corresponde ejercer su jurisdicción”, señala el oficio filtrado la jornada del jueves.

Especifica: “Se advierte que la integración de la citada carpeta de investigación se atribuye a los agentes del Ministerio Público del Fuero Común de los distritos judiciales de Aldama o de Mina, con sede en Teloloapan y Coyuca de Catalán, respectivamente, por lo que el reclamo del quejoso y las consecuencias que conlleva la integración de la mencionada carpeta de investigación tienen ejecución dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito del estado de Guerrero con residencia en Iguala, pues en dicho lugar es donde se está integrando la indagatoria que refiere”.

También, se anota que el quejoso “se duele de la exposición o divulgación de que fue sujeto en su calidad de servidor público, esto es, como presidente municipal de Coyuca de Catalán Guerrero, como consecuencia de la integración de la carpeta de investigación de mérito.

La posible

causa

Si bien la FGE mantiene bajo reserva la información relacionada con la investigación en contra de los alcaldes, la opinión pública tuvo conocimiento de la participación de las autoridades municipales en el bloqueo de 72 horas que se registró en las carreteras de la Tierra Caliente, durante los primeros días de mayo.

Dichos bloqueos derivaron de un decomiso realizado por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 11 autos de lujo, que fueron retirados de Pungarabato con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

En los bloqueos participaron los presidentes municipales, pero además representantes de la delegación de Gobierno, delegados de los servicios educativos y hasta coordinadores de los “servidores de la nación”.

Las unidades de lujo, fueron aseguradas en una presunta casa de seguridad del grupo conocido como “La Familia Michoacana”.