*La impunidad está presente en Guerrero y es la mayor amenaza contra la prensa.
REDACCIÓN/ANG
CIUDAD DE MÉXICO
En Guerrero, ante las omisiones de las autoridades, periodistas son víctimas de delitos y desplazamiento forzado.
Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo.
Como resultado de lo anterior, periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre de CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total; en lo que va de enero a julio de 2023, se han registrado 14 agresiones a periodistas.
ARTICLE 19 también documentó en este año el homicidio de dos periodistas Pablo Salgado y Nelson Matus en junio y julio respectivamente, por lo que las autoridades evidentemente se muestran inoperantes.
De los 104 hechos de agresión a periodistas documentados en los últimos 3 años, no se han dado a conocer mayores datos, al menos de los más recientes, sobre la localización de los agresores, además hay un 100% de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos.
La grave situación de inseguridad y derroche de publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplio margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor.
Las amenazas vía redes sociales, fueron publicadas en la red social de Facebook. Éstas ocurrieron luego de que periodistas publicaron información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales, como obras y actividades públicas, se publicó primeramente el 12 de junio de 2023 una amenaza para varios periodistas, justo se da en el contexto de de ingobernabilidad expuesto por periodistas, defensores de derechos humanos, inclusive varios políticos. La última amenaza data del día 09 de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación.
Esto ha sido una constante durante tres años, en donde la estela de resultados fue periodistas desplazados quienes en la actualidad siguen siendo amenazados mediante las redes sociales.
El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico en el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción.
Si bien ARTICLE 19, está en constante comunicación y monitoreo con las y los compañeras, compañeros de la región de Iguala, es importante hacer patente, que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actuó con opacidad, en algunos casos descritos, además que los mismos compañeros periodistas han señalado que si han recibido invitaciones para la revisión de sus medidas y adecuación de las mismas, pero sin embargo han sido cambiadas en más de una ocasión sin ninguna explicación. Por lo que también señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
1.- A la Fiscalía General de la República coordinarse para efectuar las investigaciones expeditas y diligentes de las amenazas que recibieron los compañeros periodistas.
2.- Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contactar a los periodistas lo más pronto posible, para agendar una cita y continuar con la evaluación de riesgos que tienen pendiente.
3.- Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales.
