Exhibe esquema de saqueo y defraudación en ISSSTE; duró 12 años
*El modus operandi, llevado a cabo por más de 12 años, consistía en prometer aumentos de pensiones a extrabajadores del ISSSTE e interponer demandas ante juntas de Conciliación y Arbitraje
*Los abogados que defendían al ISSSTE, de forma intencionada, perdían los juicios laborales, y las JFCA condenaban al Instituto al pago de prestaciones laborales en forma irregular
SINEMBARGO
CIUDAD DE MÉXICO
Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dio a conocer esta mañana un esquema de corrupción, en el que participaron extrabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que habría causado daños por aproximadamente 15 mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, se informó que fue permitida la identificación de un esquema de saqueo y defraudación que afectó al patrimonio del ISSSTE durante más de 12 años.
El funcionario de la Procuraduría dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) detalló que dicho esquema consistía en que extrabajadores del ISSSTE, “coludidos con coyotes”, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en el norte del país con el fin de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la Ley.
El modus operandi comenzó con despachos de abogados que obtuvieron ilegalmente el padrón de extrabajadores del ISSSTE para promover, o incluso duplicar juicios de incremento de pensiones ante las JFCA.
Posteriormente, dichos despachos buscaban a los extrabajadores hallados en el padrón con la promesa de obtenerles pensiones, prestaciones y derechos de manera ilegal, por lo que emitían demandas ante un tribunal “incompetente”, ya que las JFCA no cuentan con la facultad de tratar temas relacionadas a personas jubiladas y pensionadas para aumentar los montos de sus prestaciones, derechos y pensiones.
Los abogados que defendían al ISSSTE, de forma intencionada, provocaban que perdieran los juicios laborales, pues las JFCA condenaban al Instituto al pago de prestaciones laborales en forma irregular e incluso hasta en dos ocasiones, provocando el pago de montos millonarios. Dicho esquema fue repetido en múltiples ocasiones.
En consecuencia, los beneficiados por dichas sentencias ilegales pagaban “moches” a funcionarios del ISSSTE, de las JFCA, y altos sueldos a abogados litigantes y demás autoridades involucradas.
Por este esquema, las y los involucrados son señalados por delitos como asociación delictuosa, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito del servicio público.
Hasta el momento, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se han judicalizado a 22 personas. Asimismo, fueron obtenidas ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas por la comisión de los delitos anteriormente mencionados.
De igual manera, tanto la PFF, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el ISSSTE, presentaron 31 denuncias ante la FGR, las cuales se han tramitado en 25 carpetas de investigación.
Finalmente, el director de la PFF detalló que con dichas medidas, han logrado asegurarse cheques por mil 188 millones de pesos.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la salud “no es un privilegio”, sino un derecho que el Estado está obligado a garantizar.
Asimismo, resaltó que el rescate y “nacionalización” del ISSSTE realmente significa “volver a hacer público lo público”, ya que dicho Instituto estaba “privatizado por cachitos” y es necesaria la integración de los servicios de salud.
“Estamos avanzando para que no sea nada más un principio o que sea un mandato constitucional convertido en letra muerta, porque se puede tener el derecho, pero se va a un centro de salud u hospital, y no hay médico, no hay medicinas”, destacó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
“No es lo teórico, es lo práctico: hechos, no palabras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora ya que pasó lo más difícil [la pandemia de COVID-19 y ‘la peste de la corrupción’]”, añadió.
