*La relación entre los militares y el cártel Guerreros Unidos quedó al descubierto gracias a diversos testimonios e informes aportados por la DEA.
*“Elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, se detalla en la página 5 del informe
*A su vez, la investigación de la CoVAJ establece que la penetración del crimen organizado con las autoridades «facilitó y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas»
DAVID VICENTEÑO
EXCÉLSIOR/REFORMA
El Gobierno federal y la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa reconocieron que elementos del Ejército mexicano mantenían vínculos con la organización criminal «Guerreros Unidos».
De acuerdo con el informe «Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada», difundido este martes por Presidencia, como lo ofreció el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la relación entre los militares y el cártel quedó al descubierto gracias a diversos testimonios e informes aportados por la DEA.
A partir de esos informes oficiales, se reveló una relación entre autoridades militares y el grupo criminal Guerreros Unidos, durante los hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace nueve años.
El informe cita textual que “Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, se detalla en la página 5 del informe.
En total, el avance de estas investigaciones, que se presentó a familiares y representantes de los normalistas desaparecidos, en una reunión la noche del lunes en Palacio Nacional, está integrada por 34 páginas.
Consiste en una narrativa de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, a partir de las nuevas investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) para el Caso Ayotzinapa, a cargo de Alejandro Encinas.
Disputa
territorial
De acuerdo con el reporte, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió en el marco de la disputa del territorio de Iguala por grupos del crimen organizado.
“Al momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, tres organizaciones delincuenciales: ‘Guerreros Unidos’, ‘Los Rojos’ y ‘La Familia Michoacana’ se disputaban el control territorial de Iguala y las rutas del trasiego de drogas.
“De manera particular había una confrontación entre ‘Los Rojos’ y ‘Guerreros Unidos’, derivada del decomiso de un cargamento por parte del Ejército en la ciudad de Iguala en abril de 2014, conflicto que se agudizó con la toma violenta de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri en el estado de Guerrero, por parte de ‘Guerreros Unidos’. Razón por la cual, estos esperaban represalias por parte de Los Rojos”, se indicó.
3 causales
En el mismo informe, las autoridades determinaron que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala fue producto de una confusión de la organización criminal ‘Guerreros Unidos’, de la intención de darles «un escarmiento» y como consecuencia del trasiego de drogas que se registraba en la región.
La primera de tres causales establece que la desaparición de los jóvenes fue producto de confusión de los «Guerreros Unidos» sobre la presunta infiltración del cártel de «Los Rojos» entre los estudiantes de Ayotzinapa, «en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala».
La segunda refiere la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de «amenazas de parte del Alcalde José Luis Abarca y ‘Guerreros Unidos’, tras las protestas y destrozos al Palacio Municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
La tercera causal es el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.
El día 26
La investigación de la CoVAJ establece que la penetración del crimen organizado con las autoridades «facilitó y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas».
La narrativa detalla los hechos que iniciaron a las 20:30 horas con la llegada de los primeros normalistas a la Central Camionera de Iguala, para apoderarse de autobuses, la confusión, las primeras agresiones de la policía municipal y la intervención de Guerreros Unidos para desaparecerlos.
“Lo anterior se entiende con un mensaje de las conversaciones captadas por la DEA del 27 de septiembre de 2014, por el cual José Ángel Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, le comunica a su hermano Adán Senén: ‘Se nos metieron los Ayotzinapas y hubo un vergaseraaa’ (sic).
“De igual forma, Sidronio Casarrubias señala en su declaración, que la noche de los hechos ‘El Indio’ le reportó que ‘no eran estudiantes, que eran Rojos que iban uniformados’”, se detalla, en la página 14.
Separados
en 3 grupos
A partir de las declaraciones de los testigos protegidos Carla y Juan, así como de otros involucrados, las hipótesis establecen que a los estudiantes se les separó en, al menos, tres grupos.
“Y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco”, se estableció.
El contenido del documento fue expuesto la noche del lunes 25 a los padres de los normalistas, quienes lo descalificaron por considerar que tiene aproximaciones a la llamada «verdad histórica», presentada por el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con el reporte, actualmente se encuentran detenidas 132 personas en diversos penales: 41 integrantes de ‘Guerreros Unidos’, 71 policías, cinco federales, 3 ministeriales, 7 estatales, 2 de Cocula, 9 de Huitzuco y 45 de Iguala.
También están detenidos tres funcionarios de la Fiscalía General de la República, el ex Secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex Alcalde de Iguala, la ex presidenta del DIF de ese municipio y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
