ELIO HENRÍQUEZ
LA JORNADA
Los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro afirmaron que “los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo sicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”.
En un documento titulado Chiapas, desgarrado por el crimen organizado, manifestaron que “la omisión del Estado frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total”, por lo que hicieron un llamado a la comunidad internacional “a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro estado y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo”.
Agregaron que “en estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y pueblos de Chiapas estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo”.
Señalaron que “como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, pero no ha habido respuesta para los pueblos; el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un Estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”.
Denunciaron que existen “amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil; presión y control social, político y sicológico de diferentes grupos para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho y despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo”.
Existe también, abundaron, “desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como a falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo; reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas; control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por ‘derecho de piso’ y ‘de paso’ (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios además de ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos”.
Aguilar Martínez y López Alfaro responsabilizaron “de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hecho caso omiso a las denuncias de la sociedad civil”, al tiempo que exigieron “atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que está destruyendo la vida de nuestros pueblos; atención a las denuncias de la sociedad civil; girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delincuenciales”.
También demandaron que “que se respeten los centros educativos y estén libres de violencia; restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil, y que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos”.
Concluyeron: “Nuestros pueblos no son campo de batallas”.
