*La reforma al Código Penal Federal incluye a funcionarios, periodistas y creadores de contenido, en una lucha contra la exposición insensible de tragedias
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
El Senado de la República dio un paso crucial en la protección de la dignidad y privacidad de las víctimas de violencia al aprobar una reforma al Código Penal Federal que impondrá penas de hasta 18 años de prisión a quienes difundan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
Esta medida no sólo aplicará a funcionarios, sino también a periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que divulguen este tipo de contenidos insensibles.
La aprobación de esta reforma se produce en respuesta a la tendencia de filtración de material gráfico sensible por parte de funcionarios de fiscalías, especialmente en casos de feminicidios. Las multas que pueden alcanzar hasta 232 mil pesos pretenden disuadir a quienes continúan esta práctica irresponsable.
La senadora Olga Sánchez Cordero, del partido Morena, destacó en su discurso en el Senado que la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal tiene como objetivo sancionar a aquellos que divulguen información o evidencia que esté contenida en carpetas de investigación o procesos penales que, por disposición legal, deban mantenerse reservados o confidenciales.
Además, se busca incrementar las penas cuando las víctimas u ofendidos sean menores de edad, mujeres o cuando se trate de imágenes de cadáveres.
Esta propuesta legislativa tiene como prioridad garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y psicológico de las víctimas y sus familias. La exposición pública de imágenes de víctimas de delitos se considera una grave lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.
La senadora recordó el trágico caso de Ingrid Escamilla Vargas en febrero de 2020, cuyas imágenes gráficas fueron difundidas en noticieros, diarios, periódicos y redes sociales, provocando un profundo malestar en la sociedad.
En palabras de la ministra en retiro, «es fundamental reconocer que la justicia en materia penal no solo se basa en una sentencia, sino también en el respeto irrestricto a la dignidad y a la memoria de las víctimas, ya sean directas o indirectas».
La reforma establece sanciones severas para los servidores públicos que difundan material confidencial, incluyendo penas de seis a diez años de prisión y multas de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.
Estas penas se incrementarán en una mitad más cuando las víctimas u ofendidos sean menores de edad, mujeres o cuando la información se refiera a cadáveres.
