Despenalizar no es lo mismo que acceder a un aborto seguro
*En el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, activistas feministas denuncian la falta de protocolos para un aborto seguro en Guerrero
ITZEL URIETA
AMAPOLA PERIODISMO
Los planes de Martha (a quien llamaremos así en este texto) no eran convertirse en madre pronto. Salió de su comunidad, en la Costa Chica de Guerrero, para estudiar en Chilpancingo.
En mayo, Martha supo que estaba embarazada. Su decisión fue clara: no ser madre aún. En ese momento, convertirse en madre significaría renunciar a continuar con sus estudios y, con ello, a sus metas.
Su opción era interrumpir su embarazo, ¿Dónde lo haría? ¿En el hospital de su comunidad? ¿En Acapulco? Martha sabía que ninguno de esos lugares eran opción. En su comunidad las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son criminalizadas y señaladas, a pesar de que el aborto se despenalizó en Guerrero desde el 17 de mayo del 2022.
Una amiga sugirió a Martha buscar apoyo en Marea Verde Guerrero. Marea Verde es un movimiento feminista en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Martha contactó a Marea Verde Guerrero, a través de redes sociales, para solicitarse el apoyo y acompañamiento y recibió ese soporte por parte de las mujeres que fungen como acompañantas voluntarias.
Entonces, Martha tenía menos de 12 semanas de gestación, por lo que, de acuerdo con lo establecido en la ley, estaba dentro del margen para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y no representaba algún riesgo para su salud.
El método para interrumpir el aborto fue mediante el uso de Misoprostol, un medicamento indicado y autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al tomar Misoprostol se producen contracciones en el útero y se provoca la dilatación del cuello uterino, esto permite la evacuación del producto del embarazo en los días siguientes. El procedimiento no es invasivo; es decir, no requiere de instrumental clínico, ni debe realizarse en un hospital, centro de salud o por un profesional de la salud y el riesgo de complicaciones es mínimo.
Jéssica Estévez Ojendis fue la acompañante de Martha. Ella verificó que el procedimiento fuera adecuado. «No tuvo mayores complicaciones (Martha) Siempre, después de todo procedimiento, es importante realizar un ultrasonido para asegurarnos de que no hubiera nada alrededor», contó Jéssica.
Jéssica y otros acompañantes de Marea Verde Guerrero sugirieron a Martha acercarse a la Unidad de Partería en Chilpancingo para la realización de su ultrasonido. Jéssica pidió a Martha que le enviara todos los informes sobre el trato del personal.
Martha le contó a Jéssica que recibió un trato cordial por parte de las enfermeras y algunos trabajadores sociales, al llegar con el médico que le realizaría el ultrasonido, todo fue diferente.
Martha vivió en ese lugar de lo que huyó en su comunidad: la criminalización.
El médico Jaime Goytia Basilio que atendió a Martha le dijo que «el aborto no debió haber sido despenalizado porque daba pauta a que personas como ella, una joven de 18 años o de menos edad se tomaran estas situaciones a juego».
Luego la regañó por interrumpir su embarazo.
El ultrasonido no le fue negado, pero Martha se sintió incómoda desde ese momento. El estudio arrojó que todo estaba bien y que el procedimiento realizado con Marea Verde Guerrero funcionó de manera eficaz.
El caso de Martha se repite en diversos contextos y municipios del estado. Chilpancingo que, de acuerdo con algunas activistas feministas, es uno de los municipios donde más se centraliza la información sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tiene altos índices de criminalización hacia las usuarias que solicitan este derecho.
Jéssica tiene registrados los testimonios de tres mujeres violentadas y criminalizadas por el médico Goytia Basilio por decidir interrumpir su embarazo.
Jéssica no interpuso la queja porque no estaba en Chilpancingo en ese momento, pero solicitó una reunión con Manuel de la Cruz Candela, responsable estatal del Componente de Aborto Seguro y Violencia de Género de la Secretaría de Salud. «Sin embargo no se ha dado esa reunión «, comentó.
El reto para las acompañantas y activistas feministas no terminó con la despenalización del aborto en Guerrero, uno de los retos que enfrentan actualmente es llevar la información a las mujeres de todo el estado para que conozcan y sepan que en el estado el aborto ya no es penalizado.
Abortar en
la Montaña
La realidad de las mujeres de la Montaña, una de las regiones con mayor marginación, falta de acceso a la educación y servicios de salud, es todavía más compleja que la de las mujeres que viven en la zona centro o zonas urbanas.
«Ya de por si es un estigma que las mujeres aborten en una zona urbana, pues lo es más en una comunidad, con arraigo fuerte entre la moral, la religión y la creencia con la práctica del aborto», explicó Sol Ureiro Bruno, integrante de Marea Verde Guerrero y acompañante en la Montaña.
Para las personas de la Montaña, de acuerdo con lo narrado por Sol, un embarazo aunque sea resultado de una violación, «significa una bendición».
La mayoría de los servicios médicos en la Montaña están centrados en Tlapa de Comonfort, por lo que, para que una mujer de comunidad acceda al aborto, tiene que viajar varias horas en caminos de terracería.
En Tlapa, también hay obstáculos. Marina (a quien llamaremos así para guardar su identidad e integridad) tenía un cuadro de anemia y desde el primer filtro en urgencias, le dijeron que era necesario interrumpir su embarazo para evitar complicaciones.
Sol Ureiro dio acompañamiento a Marina y constató que una ginecóloga del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense se negó a practicar la interrupción. Su argumento fue que el feto aún seguía con latidos.
«Si está con vida, aunque tú tengas anemia, te regulamos la anemia pero con reposo absoluto, porque mis funciones como ginecóloga es salvar la vida que viene dentro», le dijo la ginecóloga a Marina.
Permanecer en reposo para Marina no era una opción, es ama de casa, se encarga de sus otros hijos y trabaja para aportar a los gastos del hogar.
De acuerdo con Sol, Marina fue revictimizada frente a siete enfermeras, pues la ginecóloga practicó el ultrasonido frente a las enfermeras y cuestionó su decisión a pesar de que el médico de urgencias había recomendado el aborto porque Marina había perdido mucha sangre, eso le produjo la anemia y no había probabilidades de que el feto se salvara.
Sol acusó a la ginecóloga de ser objetora de conciencia. Un objetor de conciencia es un médico o medica que por sus convicciones se niega a practicar un aborto.
Después de una hora y media, se logró que Marina accediera a un legrado.
Sol está segura de que si Marina hubiera llegado sola a la clínica no la habrían atendido y la hubieran mandado a su casa con un estado de salud delicado.
Las mujeres de las zonas rurales de la Montaña, además del estigma, criminalización y revictimización, se enfrentan a un sistema de salud deficiente en las clínicas rurales de sus comunidades.
«Al sector salud le falta que tenga un protocolo propio para las clínicas rurales y que las mujeres no tengan que viajar hasta Tlapa», dijo Sol.
Las condiciones de los caminos en la Montaña y la falta de información en la lengua de las mujeres obstaculiza su derecho a acceder al aborto cuando lo deseen.
Sol, integrantes de Marea Verde Guerrero y activistas feministas, solicitaron desde hace tiempo campañas en las zonas de la Montaña, en algunas actividades, han tomado la iniciativa de realizar pintas de murales para acercar la información.
Marea Verde Guerrero realiza acompañamiento a mujeres que desean interrumpir su embarazo desde el 2017, antes de la despenalización del aborto.
Sol y Jéssica coinciden en que falta mucho por lograr, aun con la despenalización del aborto, dan acompañamiento a mujeres.
Obstáculos
y barreras
«El aborto dejó de ser un delito, pero eso no va a garantizar que las mujeres puedan acceder a este derecho automáticamente», expresó Renata González Moreno, integrante del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Guerrero (OVM).
Las tres activistas y acompañantes coincidieron en que hace falta una campaña de difusión para que las mujeres conozcan que en Guerrero el aborto está despenalizado y que no pueden negarles el derecho.
Renata mencionó que, en ocasiones, la Secretaría de Salud comparte de manera esporádica información relacionada a la ILE en sus redes sociales. Estas publicaciones en castellano parece que desconocen el contexto de las mujeres de las zonas rurales, su idioma y su cultural.
Para Sol, algo en lo que se debe prestar atención es en que los servicios sean en los idiomas originales y con pertenencia cultural.
La obstaculización del proceso por parte del médico personal y la objeción de conciencia son otros factores que impiden a las mujeres acceder a este derecho.
Despenalización
vs acceso
A pesar de que la interrupción del embarazo está despenalizado, las mujeres que deseen acceder a un aborto se enfrentan a una serie de barreras burocráticas, sociales y geográficas que impiden a las mujeres plenamente acceder a su derecho.
Para Renata González lo que ocurrió en el Congreso local aquel 17 de mayo del 2022, donde los diputados y diputadas votaron por despenalizar el aborto, no garantiza que las mujeres accedan a su derecho de interrumpir su embarazo automáticamente.
Temas como la falta de información y de campañas por parte del Estado para difundir el derecho a la interrupción legal del embarazo dificulta a las mujeres acceder a este tipo de servicios.
«Por otro lado está la obstaculización del acceso como tal; sabemos que hay personal de salud con la objeción de conciencia, pero en todos los hospitales o centros de salud debe haber personal que no sea objetor», dijo González Moreno.
«Lo que siempre nos encontramos es que dan información incorrecta sobre los métodos, sobre lo que te puede pasar y con una responsiva donde cualquier cosa que te pase o si te mueres es tu responsabilidad que lo único que hacen es meter miedo», agregó.
Otro tema, consideran, es la centralización de los servicios de salud.
Actualmente sólo en hospitales de primer nivel se puede realizar un aborto, cuando en la ley aprobada por el Congreso se establece que se puede hacer en un centro de salud, un hospital comunitario y hospitales regionales.
Las activistas demandaron al Estado ampliar y ofrecer los servicios de aborto seguro con medicamento y bajo el método de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) en todas las clínicas rurales para hacer eficaz el derecho a decidir de las mujeres de pueblos originarios, «pues les representa un reto todavía más grande acceder a estos servicios en su comunidad».
El método AMEU consiste en extraer el contenido del útero con una succión suave mediante un tubo flexible (cánula) que se introduce en el cuello del útero.
De los llamados Módulos de Aborto Seguro, implementado por la Secretaría de Salud, de acuerdo con datos de las activistas solo funciona correctamente el de Chilpancingo, ubicado en la Clínica de Partería.
El Módulo ubicado en la ciudad de Iguala opera con un médico que, de acuerdo con Renata González es objetor de conciencia y en el caso de Chilapa aún no hay reportes de mujeres que acudan a solicitar el servicio.
