Peña Nieto presidió reunión para la “verdad histórica”: Encinas
*Reiteró que la “verdad histórica” fue acuerdos de políticos de alto nivel. Hay 434 actores que participaron tanto en la desaparición de los estudiantes en 2014 como en la construcción de la “verdad histórica”
* Hay 51 órdenes de aprehensión pendientes: 16 de grupos delictivos, 3 de funcionarios de gobierno, 6 del Ejército, 4 de la Policía Estatal, 4 de la policía de Iguala y 18 de Huitzuco
*Insistió que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, constituyó un crimen de Estado
REDACCIÓN/APRO
CIUDAD DE MÉXICO
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, al presentar el segundo informe de la Comisión Ayotzinapa, dijo que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas es un crimen de Estado, y que la “verdad histórica” se fraguó entre funcionarios del más alto nivel, encabezados por el ex presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Con la ausencia de los padres de los estudiantes desaparecidos y un día después de que los familiares de los normalistas conmemoraron el noveno aniversario de la desaparición con una marcha en la Ciudad de México en la que acusaron que la narrativa que les presentó el gobierno federal el pasado lunes es una «segunda verdad histórica», Encinas dijo que “la verdad histórica” fue una construcción del gobierno federal a partir de “la junta de autoridades”, donde participó el ex mandatario Enrique Peña Nieto.
“Con toda claridad señalamos que la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal para legitimar socialmente la verdad de los hechos”, dijo el funcionario.
En una llamada “junta de autoridades”, incluso se indica que el Presidente Enrique Peña Neto presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Por eso señalamos, agregó Encinas, “que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas; por la participación de las corporaciones; porque manipularon evidencia; porque obtuvieron declaraciones bajo tortura; porque protegieron a los servidores que participaron en los hechos y mintieron a la sociedad”, recalcó.
Insistió que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos ubicada en Ayotzinapa, constituyó un crimen de Estado. “Existen elementos para presumir que se alteraron hechos, circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad, aseguró el funcionario.
Refirió que las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación, y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
“Las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”, expuso el informe.
Encinas indicó además que todo apunta a que los estudiantes ya no se encuentran con vida, sino que fueron ultimados.
Autoridades
coludidas
Encinas también reconoció que el grupo criminal Guerreros Unidos, principal señalado por la desaparición de los 43 según la verdad histórica, operaba en el estado de Guerrero con vínculos con las corporaciones responsables de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, como incluso la DEA pudo corroborar por medio de intervenciones de vías de comunicación que realizó la agencia estadounidense.
“Cada una de las afirmaciones que se presentan, tienen su fuente para que no quede duda sobre su contenido, y toda la información que se presenta es judicializable y está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR)”, añadió Encinas.
Estos vínculos entre el crimen organizado y las fuerzas se seguridad llegaron hasta elementos del Ejército nacional, confirmó Encinas, según se dio a conocer a través de diversas declaraciones de colaboradores.
De acuerdo con el informe, militares y policías federales vendían armas y munición a Guerreros Unidos.
Encinas sumó que los normalistas ya habían sido monitoreados con anterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
“Tenemos toda claridad que todas las autoridades locales, federales y municipales estaban informados de las actividades que tenía la Normal de Ayotzinapa desde meses antes”, remarcó el subsecretario.
El informe, detalló, fue realizado a partir de declaraciones en expedientes de la FGR, documentos de la Sedena, un levantamiento en campo, documentos del Gobierno estatal, testimonios, entre otros materiales.
“Hemos insistido en obtener el mayor número de intervención de comunicaciones que ha hecho la Sedena”, dijo sobre la labor que ha realizado la Covaj.
3 hipótesis
El informe concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los normalistas los cuales, anotó Encinas, podrían no ser excluyentes entre sí.
En un primer instante, una confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos”, u grupo contrario, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
Segundo, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
Y, en tercer lugar, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los normalistas.
Los responsables
A partir de este informe, indicó Encinas, se identificaron 434 actores relevantes que participaron tanto en la desaparición de los estudiantes en 2014 como en la construcción de la “verdad histórica”, de los cuales 109 pertenecían a la delincuencia organizada, 125 a policías municipales de la región, 35 del Gobierno estatal, 12 de Gobierno municipal, 39 de las Fuerzas Armadas, 36 del Gobierno federal y 78 otros.
De ellos, 22 elementos de la Sedena, principalmente del 27 Batallón de Infantería.
Segundo Informe de la Comisión de la Verdad. Foto: Segob.
“Esto debe ayudar a la Fiscalía especializada en su proceso de judicialización”, destacó.
Detenciones
Al hacer un recuento de lo realizado por el gobierno, Encinas informó que se detuvieron a 37 personas en el último año: dos elementos de la Procuraduría, 14 del Ejército, 8 policías estatales de Guerrero y 3 de Iguala; hay 51 órdenes de aprehensión pendientes.
«Hemos trabajado para procesar 498 restos encontrados entre 2014 y 2023, de este análisis de restos se ha logrado la identificación de 47 personas que han sido retornadas a sus familias; ninguno corresponde a los 43», dijo Encinas.
En cuanto a la reconstrucción de los hechos, indicó que se integraron 28 expedientes en la FGR, 5 documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), levantamiento de campo con sobrevivientes, el GIEI y testigos, así como distintos informes, recomendaciones de la CNDH, 14 testimonios y 84 mil comunicaciones telefónicas durante los hechos.
“No sé porque dicen que no se han llegado a los altos niveles, está detenido el exprocurador general de la República, está detenido el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, una exministerio federal que fue la que dio cuenta de manera simultánea de los hechos jurídicos, al mismo tiempo uno en Guerrero y otro en la Ciudad de México, que fue la base de crear la verdad histórica.
“Está el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF en Iguala, 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están los generales que son los excomandantes del 27 y 41 batallón de Infantería en Guerrero.
“Tenemos 132 personas detenidas por el Caso Ayotzinapa, de las cuales 41 son de Guerreros Unidos. También está detenido Jesús Murillo Karam; José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda”, argumentó.
Encinas señaló que queda pendiente la extradición de Tomás Zerón «El Innombrable» y otras dos personas. Pero acusó que el Poder Judicial le prohibió hablar de la participación que tuvo Tomás Zerón en el Caso Ayotzinapa, por un amparo que se le entregó.
Huitzuco
tema nuevo
Agregó: “Y uno que había sido intocado, que son los policías municipales de Huitzuco, en donde tenemos 18 órdenes de aprehensión pendientes en Huitzuco. Y de las 51 pendientes esperemos que se cumplimenten 16 de grupos delictivos, 3 de funcionarios de gobierno, 6 elementos del Ejército, 4 de la policía estatal, 4 de la policía municipal de Iguala y los 18 de Huitzuco”.
Como parte de las investigaciones mencionó que en el Caso Ayotzinapa hay intervenciones de comunicaciones realizadas por la DEA. Informó que entrevistaron a 80 de los principales protagonistas y perpetradores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes la Sedena hacía un seguimiento, pues «todas las autoridades, de los tres niveles de gobierno, estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollan los estudiantes desde meses antes» .
Durante el informe, aseguró que se ha hecho «un esfuerzo por romper el pacto de silencio e integramos por lo menos 30 testigos que han venido colaborando de manera directa».
Encinas aseguró que el grupo criminal Guerreros Unidos mantenía una cooptación de las autoridades y había un contubernio con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como con la Policía Estatal y Federal.
Los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos para su desaparición y ejecución, indicó Encinas al presentar el Segundo Informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa.
El subsecretario aclaró que aún «nos falta encontrar a 40 normalistas, la prioridad es continuar con las labores de la búsqueda».
Expedientes
dispersos
El subsecretario destacó la prevalencia de la “interpretación discrecional” de los jueces y la dispersión de las carpetas de investigación de tal manera que son tratados en diferentes juzgados, lo cual ha dificultado la judicialización y acceso a la justicia en el caso.
Sumó, entre otros obstáculos, la negación a asumir competencia territorial, y que no se asume el delito de tortura como se competencia federal.
De acuerdo con el informe, se han realizado a la fecha 138 acciones búsqueda en nueve municipios.
Encinas resaltó que la diligencia en la cual fue encontrado Alexander Mora Venancio en Río San Juan, en octubre de 2014, se encuentra bajo investigación por faltas administrativas y la manipulación del lugar del hallazgo de los restos.
Quedan, al momento, dos restos óseos por analizarse, los cuales fueron encontrados en el Paraje Las Cuevillas en Apetlanca, Cuetzala del Progreso, y en Paraje de la Sierpe en Iguala.
