*Los familiares de los estudiantes argumentaron que el Ejército ocultó “arbitrariamente” un número hasta la fecha indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia
SINEMBARGO
CIUDAD DE MÉXICO
El Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no destruir los documentos relacionados con el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó este domingo que, luego de padres y madres de los 43 normalistas interpusieran una demanda de amparo, ésta les fue concedida, al otorgar una suspensión provisional.
Fue el 15 de agosto pasado cuando los familiares de los estudiantes presentaron la demanda ante el PJG “en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar” por estimar que dichas autoridades incumplieron con el Decreto Presidencial del 4 de diciembre de 2018, en el cual se ordenó a todas las dependencias de la Administración Pública federal colaborar con el fin de esclarecer el caso.
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (CdMx), donde ya se tramita el juicio de amparo indirecto respectivo con el número de expediente 1350/2023.
Si bien, en una primera ocasión, el mencionado órgano jurisdiccional de primera instancia negó lo solicitado; sin embargo, fue presentado un recurso de queja y el pasado 1 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución de este recurso, argumentado en el expeidnete 353/2023, por lo que se le concedió a las familias la suspensión que había sido solicitada.
“La sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancia del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”, argumentó el Tribunal.
Por lo tanto, la mencionada instancia ordenó a las autoridades militares mexicanas “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información” que los padres y madres identificaron en su demanda.
Los familiares argumentaron que, con la publicación del sexo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), supieron que el Ejército ocultó “arbitrariamente” un número hasta la fecha indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, a pesar de que los indicios permitieron inferir que su contenido es de relevancia para el conocimiento del contexto criminal de Iguala y, en particular, esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por dichas presuntas acciones de omisión, los padres y madres de los estudiantes normalistas señalaron al Secretario de la Defensa Nacional, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al titular de la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y al Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras dependencia, como responsables.
El pasado 31 de julio, el GIEI lanzó un último mensaje antes de dejar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, en el que destacó que la documentación entregada por la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada.
El grupo de expertos señaló que tras la apertura de archivos por mandato presidencial, se logró tener nuevos hallazgos sobre la actuación de agentes del Estado y recabar información sobre el posible destino de los jóvenes, sin embargo, apuntó que la información brindada por las Fuerzas Armadas “es parcial y corrobora la existencia de otras información sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas”, y que les ha sido negada a pesar de la insistencia y de la negativa de las instituciones.
Asimismo, el GIEI resaltó que, pese a las trabas, se consiguió la detención del exprocurador General de la República, dos generales, 20 miembros del Ejército, y más de un centenar de miembros del crimen organizado y funcionarios, pero que la investigación fiscal no sólo debe llevar a las detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
De la misma forma, el GIEI aseguró que su trabajo pudo contribuir a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuertes de información como en el caso del basurero de Colula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación del Río San Juan, la evaluación médico-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen.
“El GIEI ha dejado al país seis informes sobre el caso, que han sido la base para el caso y para las políticas de atención a las víctimas, investigación criminal, uso de pruebas, judicialización y otras más amplias”, dijo.
“En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia, sino que ha proporcionado análisis con base en las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional”, agregó.
Además, el grupo de expertos aclaró que el caso no se cierra porque no siga en la investigación, sino que “el Estado y sus instituciones tiene la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”.
