*La juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012, por lo que determinó devolverle su propiedad, valuada en 38 millones de pesos
SINEMBARGO
CIUDAD DE MÉXICO
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés en uno de los casos contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ahora una Jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos.
Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la FGR para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.
En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012.
“Debido a que el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, pues debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista”, determinó la Juez.
De acuerdo con la resolución, ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acota de manera puntual que la extinción de dominio sólo es procedente en los supuestos antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La FGR, que no ha podido cobrar a Lozoya ni un solo peso de la cantidad que pretendía, puede impugnar esta resolución ante un tribunal Colegiado para que este resuelva finalmente el caso.
La demanda de extinción fue presentada el 21 de octubre de 2021 y admitida a trámite el 3 de noviembre por la Juez Osorno.
El exdirector de Pemex permanece en prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.
En los últimos cuatro años, la Fiscalía General de la República no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa o el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas y a quien acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En septiembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México rechazó información bancaria obtenida por la dependencia, clave para demostrar los sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin y sus familiares habrían recibido de la constructora brasileña a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza. Con ello, el exfuncionario buscará anular el proceso, incluso su abogado Miguel Ontiveros pronóstico que “se va a caer el caso”.
