*Se atenderá también las fases de reconstrucción y recuperación
BOLETÍN/GOB.EDO.
CHILPANCINGO, GRO.
El diputado Héctor Apreza Patrón presentó una iniciativa de Ley de Atención a Desastres, Reconstrucción y Recuperación del Estado de Guerrero, con el objetivo de establecer mecanismos de acción y reacción de las autoridades estatales y municipales antes, durante y después de una situación de desastre, así como para definir la estrategia de reconstrucción de la infraestructura afectada y la reactivación de las actividades económicas.
En su exposición de motivos, el legislador reseñó una serie de acontecimientos naturales, entre los que destaca el sismo del 19 de septiembre de 1985, que evidenció dificultades de las instituciones para atender de manera organizada y eficiente el desastre natural, y el más reciente huracán “Otis” que afectó a Acapulco, Coyuca de Benítez y otras zonas del estado de Guerrero.
Refirió que en materia legislativa la LXIII Legislatura ha exhortado a los gobiernos municipales para que elaboren sus respectivos Atlas de Riesgo, como diagnósticos básicos que definan mejores políticas públicas en materia de protección civil y gestión integral de riesgos. Sin embargo, añadió, “esto no es suficiente, por lo que es necesario generar leyes de atención a los desastres naturales”.
Recordó, asimismo, que la última reforma a la Ley de Protección Civil en el Estado fue publicada el 3 de febrero de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, cuyo enfoque es más organizativo y preventivo en cuanto al estatus de un riesgo, emergencia o desastre, y solo prevé los de tipo geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio organizativo, dejando de lado nuevos tipos de fenómenos, tanto naturales como derivados de la acción de las personas.
Por todo lo anterior, el diputado Apreza Patrón recalcó la importancia de contemplar dentro del marco normativo el principio de participación, estableciendo que las autoridades estatales y municipales reconozcan, faciliten y promuevan la participación de la sociedad civil, y establecer formas en cómo las dependencias y entidades públicas del estado deben definir y articular sus esfuerzos, sumando a los sectores científicos, comunitarios, empresariales y ciudadanos para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de preparación, auxilio, atención y procesos de reconstrucción y restablecimiento ante fenómenos que impliquen una situación de desastre.
La propuesta contempla, además, lo relativo a la “recuperación económica”, a través del restablecimiento de las cadenas productivas y de servicios, así como la generación de esquemas de ingreso y autoempleo para garantizar los derechos humanos de las víctimas de un desastre; que las autoridades estatales y municipales garanticen la dotación de un ingreso básico a damnificados que hayan perdido sus pertenencias; vivienda y empleo a causa de la situación de desastre, y la creación del Consejo Consultivo de Reconstrucción y/o Emergencia Económica, que fungirá durante el periodo post emergencia, como una instancia consultiva y de vinculación del sector laboral, social, empresarial y financiero con el Poder Ejecutivo estatal, las dependencias del sector paraestatal, organizaciones del sector privado y la sociedad civil organizada, entre otras acciones.
Esta iniciativa de ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Protección Civil, para su correspondiente análisis y dictaminación.
Iniciativa
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para establecer como una falta que los magistrados presidentes de las salas y sus integrantes, jueces de primera instancia y jueces de paz, juzguen sin aplicar el protocolo con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
