Proponen creación de una Defensoría Municipal de Derechos Humanos
BOLETÍN / CONGRESO
CHILPANCINGO, GRO.
El diputado Carlos Cruz López propuso la creación de una Defensoría Municipal de Derechos Humanos, que garantice el respeto y la protección de las víctimas, misma que servirá de intermediaria y enlace con la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Lo anterior, en una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre que presentó al Pleno del Congreso, manifestando que el municipio debe intervenir en los procesos de planeación del desarrollo nacional y estatal, como lo establecen las disposiciones de la legislación vigente; además de formular, ejecutar y controlar sus propios planes y programas de desarrollo, de acuerdo a sus leyes estatales.
Dijo que en el país la Constitución Federal y diversas leyes establecen mecanismos específicos para hacer respetar los derechos humanos, para prevenir su violación, y en caso de que sean vulnerados, exigir su respeto y goce, así como la sanción a las autoridades responsables.
Recordó que el Estado ha adquirido compromisos al adherirse a los pactos internacionales de derechos humanos y que el municipio está sujeto a las obligaciones que conlleva la observancia del derecho internacional, por lo tanto, deberá responder a la exigencia universal de respeto a los derechos humanos, ya que todas las autoridades judiciales, legislativas, políticas o administrativas, están obligadas a garantizar dichas prerrogativas fundamentales.
Por eso, con el objeto de procurar la defensa de estos derechos, algunos ayuntamientos han instituido sus propios defensores de derechos humanos municipales, pero no están establecidos en la Ley, por lo que se hace necesario hacer las adecuaciones necesarias para crear una defensoría municipal de derechos humanos en cada uno de los municipios, que sirva como intermediario o enlace entre la víctima y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Guerrero.
La propuesta de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
