*La Fiscalía General de la República impugnará esta decisión
*Se les impuso una garantía económica de 50 mil pesos para
*La acción emitida este fin de semana, fue ordenada en noviembre por un Tribunal colegiado que exigió eliminar la prisión preventiva oficiosa de los militares
REDACCIÓN/QUADRATÍN
CIUDAD DE MÉXICO
Una Jueza federal ordenó este sábado liberar a ocho de los 13 militares señalados por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, luego de que un tribunal revocó la prisión preventiva oficiosa que se les había impuesto.
Los militares, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, podrían abandonar la prisión del Campo Militar 1-A, después de pagar una garantía económica de 50 mil pesos, entregar sus pasaportes y comprometerse a firmar periódicamente el libro de procesados, mientras cursan su caso en libertad.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, fue quien decidió que ya había riesgo de fuga para ninguno de los imputados, alterando las condiciones por las que se les dictó prisión preventiva oficiosa el pasado 22 de junio.
Orden
añeja
La acción emitida este fin de semana, fue ordenada en noviembre por un Tribunal colegiado que exigió modificar la medida y eliminar la prisión preventiva oficiosa de los militares.
Dos meses antes, el general retirado Rafael Hernández Nieto ya se encontraba enfrentando su proceso en libertad porque también se le modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Hernández Nieto por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, ligada con la organización criminal Guerreros Unidos en 2014.
Condena
decisión
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó el cambio de medida cautelar dictada por la Jueza Segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en cumplimiento de la sentencia dictada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para beneficiar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.
Pese a que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR propuso el resguardo domiciliario de los inculpados, la Jueza determinó imponerles medidas cautelares: la firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso; garantía económica de 50 mil pesos; prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él; prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas; prohibición de acercarse al estado de Guerrero. Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados ‘sabadazos’, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, señalaron en el comunicado.
Por lo anterior, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, aclaró que, con ello “no se exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.
Asimismo, la CoVAJ afirmó que se coordinará con la Ueilca para asegurar que se agoten todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad en “este caso que tanto ha lastimado a madres, padres, familiares y amigos de los normalistas, así como al pueblo de México”
“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.”
FGR va
al amparo
Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR), se pronunció y anunció acciones contra esta determinación que afecta a las víctimas y a la nación.
A través de un comunicado, rechazó la orden de la impartidora de justicia al conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
Además, informó que presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
Los señalamientos incluyen, además de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, a los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.
Señaló que se aplicarán procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Aquí el comunicado: La Fiscalía General de la República (FGR), rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio que, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
Por lo anterior, aplicando procedimientos de amparo y de ampliación de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad.
Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
Esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios de manera parcial y engañosa, como se acaba de evidenciar también en la primera plana de un diario de circulación nacional, que señala que una orden de aprehensión QUE HABÍA SIDO EMITIDA POR UN JUEZ FEDERAL, AHORA ES RECHAZADA POR OTRO JUEZ FEDERAL, TODO LO CUAL ES RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LOS MISMOS; pero, en cambio, dicho diario se la atribuye al Ministerio Público Federal, lo cual evidencia la parcialidad y la falta de objetividad de dicho medio.
Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo que ha demostrado la persecución y la descalificación injustas de los medios que así han actuado, destacando de manera dolosa un corto número de casos de trascendencia en los cuales la representación social ha actuado de manera inmediata , logrando vinculaciones a proceso que habían estado abandonadas por años, y que ahora se tienen que litigar frente a determinaciones judiciales que han sido notoriamente parciales e injustas.
Para acreditar debidamente esta permanente distorsión mediática y esta manipulación de cifras, es necesario señalar que solamente durante 2023 el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas; lo cual demuestra que una parte muy importante de los jueces federales sí actúan con imparcialidad y con apego a derecho, mientras los medios ya aludidos buscan que esta representación social se confronte con todo el poder judicial, lo cual no puede aceptarse en modo alguno.
Es necesario señalar también, que en los “mecanismos alternativos de solución de controversias” que es una función única y exclusiva de la FGR, se lograron determinar durante 2023, otros dos mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, en favor de las víctimas que acudieron a dicho método de procuración de justicia inmediata y eficiente.
De todos esos resultados, la FGR difundió diariamente a nivel nacional, durante el 2023, más de 700 comunicados, y a nivel local cerca de cuatro mil comunicados más.
Toda esta obligación de información se ha cumplido rigurosamente, sin que la FGR haya pagado ni un solo centavo en los últimos cinco años para comprar publicidad mediática que la favorezca o que genere una imagen que debe de ganarse con información permanente, veraz y objetiva, tanto de la Institución como de los medios.
En este entorno, casos como el que analizamos al principio de este informe vinculan con toda claridad a despachos de abogados, a relaciones personales o familiares, a autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente, y que se dedican a distorsionar la justicia, a traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones; todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial.
Frente a esta situación que es pública y notoria, la Fiscalía General de la República continuará informando con puntualidad y respeto, mientras que cada uno de los tres mil 439 Agentes del Ministerio Público de la Federación realizan las tareas que tienen la obligación y la autoridad de cumplir, y en las que siempre se les apoyará y se les exigirá sin excepción, la honestidad y la eficiencia en sus conductas.
