*Una juez dictó auto de formal prisión a los ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa
RAÚL FLORES MARTÍNEZ
EXCÉLSIOR/CDMX
La juez Federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictó auto de formal prisión en contra de los ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa y quienes son acusados de delincuencia organizada.
Durante la audiencia que se realizó hoy 7 de febrero de 2024, la juzgadora determinó que hay elementos para juzgar a los militares luego de que consideró suficientes la pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Cabe destacar que los elementos del Ejército Mexicano, son señalados por los testigos protegidos denominados “Neto” y “Carla@ de recibir supuestos sobornos del grupo criminal Guerrero Unidos.
El pasado 3 de febrero a los militares se les dictó prisión preventiva oficiosa, tras haber sido detenidos cuando acudían a firmar su proceso cuando se encontraban en libertad.
Actualmente, se encuentran recluidos en el Campo Militar 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México.
Se espera que en las próximas semanas su defensa presentará pruebas a favor de los acusados, además de interponer un amparo para que el proceso sea llevado en libertad.
En días pasados la FGR obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra delos militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Tres de ellos fueron detenidos y los otros cinco se pusieron voluntariamente a disposición de las autoridades judiciales el pasado 1 de febrero, luego de que se diera a conocer la existencia de los mandamientos de captura-
Estos militares enfrentaban en libertad un proceso penal en el que se les señala de haber cometido el delito de desaparición forzada, por presuntamente haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo anterior tras haber obtenido la protección de la justicia federal mediante un juicio de amparo.
Esta vez el Ministerio Público Federal les imputó la comisión del delito de delincuencia organizada.
