JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
AMAPOLA PERIODISMO
El permiso por seis meses sin goce de sueldo que envío la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, al Congreso local para ausentarse del cargo está en un vacío legal que tendrán que resolver los diputados, coinciden especialistas.
Después de dos años al frente de la FGE, Valdovinos Salmerón dejó el cargo en medio de una crisis de inseguridad en Guerrero, acusada de militarizar la dependencia y pasar por encima de los derechos laborales de los trabajadores.
De acuerdo con un comunicado que emitió la FGE el pasado 14 de febrero, Valdovinos Salmerón presentó una solicitud de licencia temporal para separarse por seis meses del cargo de fiscal estatal.
En dicho comunicado se menciona que la solicitud es para que Valdovinos Salmerón atienda temas de «carácter personal y familiar».
A través de sus redes sociales, el abogado Rubén Cayetano García, mencionó que no existen términos legales ni en la Constitución de Guerrero, ni en la Ley Orgánica de la FGE, ni en la Ley de los Servidores Públicos, para que la fiscal pueda irse por seis meses y luego regresar al cargo.
Al no existir dichos términos el Congreso no tiene nada que aprobar y se tendría que legislar al respecto.
De acuerdo con el abogado penalista Luis Armando Sánchez Gaytán, la fiscal deja en un limbo también todos los procesos judiciales y carpetas de investigación que inició.
«No puedes decir me voy un rato y regreso, cuando tienes en tus manos cientos de expedientes y carpetas que iniciaste o que tomaste para que fueran juzgadas; si te vas habrá cambios de nombres y personal y cuando eso apenas se vaya normalizando va a regresar otra vez la fiscal, no se puede estar jugando así con la ley y menos si te eligieron para estar siete años en el cargo», mencionó Sánchez Gaytán.
De acuerdo con el abogado lo único previsto en la ley es que Valdovinos Salmerón solicité la renuncia irrevocable al cargo ante el Congreso local o que la gobernadora decida separarla del cargo por hechos graves y comprobables como traición a la patria o algunos casos de corrupción.
«Son las dos únicas maneras de que una persona tan importante como una fiscal pueda dejar el cargo», mencionó.
«Uno es el tema legal, pero del otro lado está el tema ético, ¿Cómo te vas en medio de una crisis de inseguridad y piensas regresar después de que ya que todo esté resuelto?», agregó el abogado.
En el Congreso local, para los legisladores una solicitud de licencia temporal es normal y están su derecho de solicitarla, por lo que coincidieron que se le dará el trámite legislativo correspondiente.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, vía telefónica mencionó que en la sesión del próximo miércoles 21 de febrero se presentará el documento y se enviará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis.
«Si cae en una ilegalidad o un error esa solicitud pues será la Comisión (de Asuntos Políticos) la que lo determinará, pero como diputados nosotros actuaremos de buena fe», dijo Apreza Patrón.
Por su parte, el dirigente estatal de Morena y también diputado local, Jacinto González Varona, dijo que desconoce si la licencia de seis meses “era un tema político con la gobernadora” y aseguró que cuando se presente el dictamen en el pleno los diputados tomarán una decisión.
«No hay que adelantarnos, es una solicitud que primero se va a analizar en comisiones y después a nosotros nos toca votar por esa licencia», mencionó González Varona.
Sobre un oficio que circuló donde la fiscal pide su renuncia irrevocable al cargo, los diputados dijeron desconocer el tema.
Desde su llegada a la FGE, Valdovinos Salmerón fue una figura rodeada de polémicas.
A inicios de diciembre del 2023, un grupo de trabajadores despedidos, entre administrativos, policías ministeriales y ministerios públicos, entregaron un oficio al Congreso local en el que solicitan juicio político contra Valdovinos Salmerón por corrupción y desvió de recursos.
Los trabajadores la acusaban de despedir injustificadamente a 800 empleados en todo el estado y que sus puestos fueron cubiertos por personal militar.
Valdovinos Salmerón es teniente coronel del Ejército, lo que despertó críticas por su origen militar y de desconocimiento sobre los procesos de justicia civil.
*La renuncia en medio de una crisis*
La supuesta renuncia temporal, de la ahora ex fiscal, se da en una situación crítica para Guerrero en materia de seguridad.
Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, viven en medio de una crisis de seguridad, asesinatos, desapariciones y ataques armados y desde los primeros meses del año agresiones violentas contra el transporte público, lo que provocó parálisis económica en las ciudades más importantes de Guerrero.
El martes, fue asesinado a tiros Noé Sandoval Adame, miembro de un colectivo de búsqueda de desaparecidos en Chilpancingo, mientras intentaba dar con el paradero de su hijo, Kevin Sandoval Mesa, de 16 años, desaparecido en noviembre.
En Iguala, en los dos últimos días, dos conductores del transporte fueron asesinados a balazos, a plena luz del día y en lugares concurridos, frente a decenas de testigos.
Entre el sábado 3 y el lunes 12 de febrero, siete conductores fueron asesinado en Chilpancingo, en ataques armados.
La FGE solo se limita a emitir comunicados donde asegura se abren carpetas de investigación, pero después se desconoce el proceso de dichas investigaciones.
Los primeros días del año dos hechos marcaron a Guerrero, el ataque armado dentro de un palenque de gallos que dejó el saldo de 13 personas asesinadas, de acuerdo con el Ayuntamiento de Petatlán, pero que la FGE asegura fueron cinco.
En la Sierra de Guerrero, en el poblado de Buenavista de los Hurtados, la irrupción armada de grupos del crimen organizado dejó el saldo de 10 personas asesinadas.
De estos hechos la FGE dijo que se iniciaron las carpetas de investigación pero hasta la fecha, dos meses después no presentan culpables.
Datos de la propia FGE indican que en 2023 ocurrieron en Guerrero 1,171 homicidios dolosos por los que se abrió una carpeta de investigación.
