La fiscal militar fue cesada por irresponsabilidad oficial
*No estaba certificada en la evaluación de control y confianza
*No aplicó la ley en investigaciones del asesinato del estudiante de la normal de Ayotzinapa
*Además, no fue capaz de reducir los índices delictivos en Guerrero
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
La teniente coronel Sandra Luz Valdovinos fue separada del cargo de fiscal por incumplir con las evaluaciones de control y confianza; por haber incurrido en graves omisiones en las investigaciones del asesinato del estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Gómez, a pesar de que fue un hecho que puso en riesgo la tranquilidad. También fue cesada porque su actuación fue inconsistente con las obligaciones y responsabilidades que demanda la función que desempeñó, y porque fue incapaz de reducir los índices delictivos.
Lo anterior se desprende de la solicitud que presentó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso del estado, para fundamentar la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos, a quien la titular del Poder Ejecutivo le hizo saber que espera que comprenda la gravedad de la situación, “y la importancia de mantener los más altos estándares de integridad y de confianza en nuestras instituciones”.
En la sesión de este martes, la mesa directiva del Congreso inició el trámite legislativo de la solicitud que presentó la gobernadora Evelyn Salgado, para remover del cargo a la fiscal por haber incurrido en situaciones graves durante su desempeño.
En el escrito, la mandataria estatal dijo que la determinación que tomó para remover del cargo de fiscal a la teniente coronel del Ejército Mexicano, “se fundamenta en la obligación que tiene de garantizar el cumplimiento de las leyes, y salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, principios que son pilares fundamentales para el Estado de Derecho y la justicia en nuestra entidad”.
Detalló que tras una exhaustiva revisión de los requisitos establecidos para ocupar el cargo de fiscal general, se constató que Sandra Luz Valdovinos no cumplió con el mandato de someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, como lo estipula el artículo 56 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esa omisión, señaló la gobernadora, constituye una grave violación a los preceptos legales, y a las responsabilidades inherentes a la función que tenía Sandra Luz Valdovinos como máxima autoridad en la procuración de justicia en el estado.
Esa omisión grave fue confirmada por Javier Amado Ramírez Álvarez, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación en el oficio número SESNSP/CNCA/686/2024, el cual adjuntó como anexo 1 en la solicitud entregada al Congreso.
La gobernadora aclaró que ese documento le fue entregado por Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, mediante el oficio número SSDC/00082/2024 que adjuntó como anexos 2, ambos fechados el 13 de marzo del presente año.
El documento señala que el 22 de octubre del 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional le practicó una evaluación de control de confianza a la ex fiscal, concluyendo su vigencia el 22 de octubre del 2022. La ley señala que dicha evaluación tiene una vigencia de 3 años.
La ley señala que los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia, deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con 6 meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos en los términos que determinen las autoridades competentes.
Por no estar vigente el certificado de la evaluación de control y confianza, el estatus de Sandra Luz Valdovinos se encuentra fuera de la normatividad que rige la ley de la materia, explicó.
Evelyn Salgado resaltó al respecto que la confianza y la integridad, son valores esenciales para el adecuado desempeño de las funciones de la Fiscalía General del estado de Guerrero.
Expuso que la falta de controles de confianza vigentes, no solo vulnera la credibilidad de la Fiscalía, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, “generando un grave deterioro en la legitimidad de nuestras instituciones, lo que configura una falta grave en perjuicio del interés público”.
Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo expuso que después de una minuciosa evaluación de la gestión de Sandra Luz Valdovinos en el cargo, “hemos concluido que su actuación ha sido inconsistente con las obligaciones y responsabilidades que su función demanda”.
Además, señalo que la ex fiscal no se apegó a lo dispuesto en artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, “lo cual ha resultado una grave omisión en un caso de trascendencia estatal reciente”, en alusión al asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez en el que se vio involucrada la actuación de policías estatales.
Los policías involucrados fueron presentados a la Fiscalía para declarar e iniciar una carpeta de investigación, “sin embargo, no tomó las medidas necesarias ni dictó procedimientos conforme a derecho, a pesar de tratarse de un acto que ponía en riesgo la paz social y la integridad de las instituciones estatales”.
En la solicitud la gobernadora estableció que la ex fiscal debió haber actuado conforme a derecho. Dijo que su inacción generó una situación de impunidad y desconfianza en la labor de la Fiscalía General del Estado, porque no cumplió con las obligaciones y responsabilidades inherentes a su cargo.
Sandra Luz Valdovinos también fue separada del cargo porque incurrió en deficiencia en la procuración de justicia durante su mandato, ya que no pudo reducir los índices delictivos, ni lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto, lo que ha contribuido a la percepción de impunidad en la sociedad.
Como representante del pueblo y responsable de garantizar el orden, la seguridad y el bienestar social, la gobernadora expuso que se vio en la obligación ineludible de tomar medidas firmes y contundentes, para proteger la integridad del sistema de justicia y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Salgado Pineda resaltó que la remoción de la fiscal es indispensable para preservar la eficacia y la legitimidad del sistema de justicia.
