Recibirá el nuevo fiscal una institución devastada y desordenada
*Urge que la Fiscalía entre a un proceso de reestructuración, dijo ex aspirante a fiscal del estado
*El cobro indebido a ciudadanos que solicitan justicia, alienta la no presentación de denuncias, indicó
*Es necesario capacitar al personal para perfeccionar la integración de carpetas de investigación
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
La Fiscalía de Guerrero está devastada, tiene un desorden administrativo, padece un quebranto financiero y opera en medio de un vacío por los cambios recurrentes del titular en la institución, porque en más de una ocasión funcionó con un encargado de despacho.
El panorama que enfrenta la institución encargada de procurar justicia fue desmenuzado por Antonio Sebastián Ortuño, quien fue uno de los integrantes de la terna de abogados que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local, para que de éstos surgiera el nuevo fiscal general del estado en sustitución de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, tras haber sido destituida del cargo.
El abogado quien el martes compareció ante diputados como parte del procedimiento que se sigue para designar al nuevo fiscal, consideró que es grave la situación en que se encuentra la Fiscalía, que requiere de una inmediata atención para que cumpla con las funciones que tiene encomendada.
Señaló que si no hay coordinación entre la Fiscalía y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esa institución no avanzará porque no puede estar aislada. “La coordinación y la colaboración no implica una sumisión a ningún poder del gobierno del estado”, indicó.
Sebastián Ortuño dijo que es catastrófico el peregrinar de los ciudadanos que acuden a la Fiscalía en busca de justicia, porque se enfrentan a una pedidera de dinero para iniciar los trámites, para la compra de gasolina para que la Policía Ministerial realice las investigaciones, lo cual conlleva a una pérdida de tiempo que termina con un desencanto del ciudadano, que ha derivado en el incremento de la cifra negra de delitos que no son denunciados.
Consideró necesaria la capacitación del personal dedicado a la integración de las carpetas de investigación, porque hay deficiencia en su integración; además, hay renuencia de trabajadores a capacitarse, no hay un área jurídica dentro de la Policía Investigadora Ministerial que revise los informes policiales homologados que van dentro de la carpeta de investigación que es necesario corregir.
Antonio Sebastián señaló también que es necesaria la reestructuración de la Fiscalía General del Estado desde el punto de vista orgánico y jurídico. “Jurídicamente la Fiscalía requiere urgentemente una nueva Ley Orgánica con su respectivo nuevo Reglamento; un Reglamento del Consejo de Honor y Justicia que rija la actuación de los policías ministeriales”.
También requiere de un Reglamento del Servicio Civil de Carrera, porque los ciudadanos que están al frente de determinadas áreas no tienen el sentido de pertenencia hacia la institución, “es decir, no la quieren”.
La Fiscalía requiere de un Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario, respetando en todo momento la garantía de audiencia; se necesita la aplicación de un Protocolo de Actuación Pericial con perspectiva de género y Derechos Humanos; se requiere de un Reglamento del Consejo de la Fiscalía, que como órgano de gobierno a pesar de que está dentro de la Constitución no funciona en la toma de decisiones.
Dijo también que la institución también necesita un Reglamento del Comité de Adquisiciones para transparentar la compra de todo lo que se hace al interior de la Fiscalía.
