NOTI-GRO
ACAPULCO GRO.
Denuncian que el viernes 14 de junio, sin presentar una orden de un juez, un grupo de policías municipales encapuchados, irrumpieron en el domicilio particular, casa 16 del condominio Crisantemo, de Villas Paraíso 1 de la Colosio, y se llevaron detenido a dos trabajadores que se encontraban realizando labores de reconstrucción.
Cerca de las 12:00 del medio día, un menor de 9 años de edad, observó con mucho miedo cómo los policías con armas cortas, se introdujeron a su vivienda en la ausencia de su madre Evelia Laguna Torres, y con lujo de violencia se llevaron a los albañiles a quienes esposaron y subieron a la patrulla 128 como si fueran delincuentes.
Ante la mirada de los vecinos, los elementos de la Policía Preventiva de Acapulco, que deberían estar trabajando en la llamada prevención del delito, allanaron la propiedad y privaron de su libertada a dos trabajadores.
Iban a acompañados de un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, de nombre Nicolás Méndez Camero, bajo el argumento que se estaba edificando en una zona con una posible afectación a un andador.
La afectada plantea: ¿Por qué si esa obra era irregular no la clausuraron? ¿Por qué en el momento en que llegaron los encapuchados no había ningún sello de clausura? Además nunca recibieron ninguna notificación al respecto. Otra pregunta es: ¿Por qué los policías iban encapuchados, sin son servidores públicos, y allanaron una domicilio propiedad privada sin el consentimiento de su dueño? La afectada se pregunta dónde está el llamado Estado de Derecho y garantías de los ciudadanos.
Horas después de la detención de los dos trabajadores, los dejaron en libertad, una vez que los llevaron a los cajeros de un banco. Es así como se tiene que proceder ante un hecho de esta naturaleza, se pregunta la denunciante.
Ante lo ocurrido, la propietaria de la casa 16 del condominio Crisantemo, acudió al menos a dos Agencias del Ministerio Público en Acapulco, Sector Central y Costa Azul, para denunciar los hechos, pero «le negaron la llamada impartición de justicia», y la mandaban de un lado a otro.
Ahora la afectada espera que la presidenta Abelina López Rodríguez, revise este caso de uso excesivo de la fuerza pública y se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos. Además del daño emocional y psicológico que causaron a un menor de 9 años.
