Retienen 200 habitantes a 3 integrantes del Concejo Municipal de Ayutla

*Exigen obras en El Camalote

REDACCIÓN/QUADRATÍN
ACAPULCO, GRO.

Unos 200 habitantes de 15 comunidades me’phaa retuvieron a tres integrantes del Concejo Municipal de Ayutla, en la Casa de los Pueblos para exigir obra.

Se trata del primer coordinador, Ysabel de los Santos Morales, el tesorero Tirso Ferreira Guadalupe y el director de Obras Públicas, Erick Ceballos.

Una publicación del periódico El Sur informó que el comisario de la comunidad El Camalote, Serafín dijo que cerraron la Casa de los Pueblos porque el director de Obras Públicas ya no se presenta a su oficina para atender las peticiones de obras de los pueblos, ya que el sistema normativo acostumbra que cada año se le otorga una obra a cada localidad.

Advirtió que si no son atendidos van a cerrar las dos entradas del municipio y no se retirarán de la Casa de los Pueblos hasta que se resuelvan las obras para todos los pueblos.

El coordinador Ysabel de los Santos confirmó que estaban retenidos, sin comer y sin agua desde la mañana del martes, por lo que pidió la intervención del gobierno estatal.

Otro hombre que se identificó como secretario particular del coordinador pidió a las autoridades que expliquen a los inconformes que no tienen dinero para construir obras, porque las dos últimas ministraciones, que son unos 28 millones de pesos, no las ejecuta este gobierno sino la próxima administración, pero a los funcionarios municipales no les creen.

El comisario de El Camalote dijo que localizaron al coordinador y al tesorero poco después de las 10 horas del martes y los llevaron a pie a la Casa de los Pueblos y el director e Obras Públicas se presentó a las 18 horas.

Habitantes de colonias y comunidades de Ayutla coincidieron en que se han registrado actos de corrupción entre funcionarios de la Casa de los Pueblos con contratistas e ingenieros de obras que son afines.

Señalaron que no hay rendición de cuentas, que ingenieros inflaron los precios de las obras, y a las colonias y comunidades que no aceptaron la imposición de gente externa les pidieron el 15 por ciento del dinero ejecutado como condición para que se construyeran sus obras.