*El diputado del PRD aclaró que no es lo mismo elegir mediante el voto a representantes populares que a juzgadores
*La reforma judicial de AMLO lleva una dosis de revancha, afirma el legislador
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local Bernardo Ortega Jiménez, dijo que la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial Federal a través del voto popular, será una perversión de la democracia participativa.
En la sesión que este miércoles celebró la Comisión Permanente del Congreso local, el legislador perredista sostuvo además que la reforma judicial que plantea el presidente de la República Andrés Manuel López, “lleva una gran dosis de revancha por los reveces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al presidente de México”.
El diputado del PRD manifestó que será lamentable que Morena y la mayoría que tiene y tendrá en la próxima legislatura federal, desaproveche la gran oportunidad que tiene para reacondicionar, modernizar, hacer más eficaz y eficiente al Poder Judicial federal.
Dijo estar de acuerdo en que cambie el esquema en el que está operando el Poder Judicial federal; dijo estar de acuerdo en que cambie la configuración del Consejo de la Judicatura, en que se genere una institución que atienda responsabilidades de los funcionarios y jueces, pero que no está de acuerdo en la elección a través del voto de los jueces, ministros y magistrados.
Recalcó que hay una gran diferencia en una elección de juzgadores a través del voto popular, con una elección de diputados, de regidores, de alcaldes y hasta de presidente de la República, porque éstos últimos no son electos por su capacidad sino por su liderazgo.
Bernardo Ortega consideró que sí es necesaria una reforma judicial federal a profundidad que abarque a los Poderes Judiciales de los estados del país, y se pronunció porque Morena y su mayoría no haga trizas a la Constitución Política federal.
No duda el legislador perredista que la mayoría de los mexicanos, están de acuerdo con la necesidad de modificar la forma en que trabaja el Poder Judicial para poder llegar a una justicia pronta y expedita, sin corrupción y sin discriminación que no beneficie a unos cuantos, en especial a los dueños del dinero, o que la justicia sea para quien tenga para pagarla.
En lo personal, agregó Bernardo Ortega, considero que llevar a la votación popular el nombramiento de los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, es una perversión de la democracia participativa.
Resaltó que en la propuesta de reforma judicial, hay una gran dosis de revancha por parte del presidente de México Andrés Manuel López por los reveses que le propinó el Poder Judicial en los últimos años. Opinó que “sería lamentable que se desaproveche esta oportunidad que tiene la mayoría de Morena, para reacondicionar, modernizar, y hacer más eficaz y eficiente al Poder Judicial.
Si bien son necesarios cambios para corregir las fallas en la administración de justicia, indicó el legislador, también es cierto que “muchos de los fallos que emiten son producto de la deficiente integración de las carpetas de investigación que les hacen llegar los ministerios públicos en los casos penales, y en las controversias constitucionales donde en el actual sexenio el Ejecutivo tenía interés, procedió la suspensión de los actos porque no se cumplió con la normatividad ambiental en el caso del tren maya, por citar un ejemplo”.
Alertó que los artículos transitorios de la iniciativa de la reforma judicial contemplan el despido de jueces y magistrados, lo cual acrecentará la carga de demandas por el despido de 1,665 jueces, ministros y magistrados, todos con derechos laborales adquiridos a través de los años lo cual generará una gran carga presupuestal por el pago de liquidaciones.
Bernardo Ortega también alertó que no hay certeza de que la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular, garantice que los que resulten electos sean profesionales y tengan capacidad, “y sobre todo que tengan experiencia en la tarea importante de impartir justicia”.
Señaló que el esquema actual de acceso a través del Servicio Civil de Carrera y de examen de oposición, permite que la persona designada tenga conocimientos y experiencia como juzgadora, “y esto es lo que se quiere eliminar”.
