*Con la oposición en contra, el bloque de Morena, PT y PVEM sacó adelante el dictamen de reforma del Artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos
*Se aplicará en casos de extorsión, narcomenudeo, así como en casos de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados
*Asimismo, en casos de delitos contra de la seguridad, de la salud y del libre desarrollo de la personalidad, defraudación fiscal, contrabando, así como delitos fiscales
IVONNE MELGAR
EXCÉLSIOR/CDMX
Con la oposición en contra, el bloque de Morena, PT y PVEM sacó adelante en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen de reforma del Artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
La modificación fue avalada por 26 votos a favor para que se aplique en casos de extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados.
La reforma incluye además los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud y del libre desarrollo de la personalidad, defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.
Los 14 representantes del PAN, PRI y MC votaron en contra. En sus argumentos, insistieron en que se trata de una medida violatoria de derechos humanos que, además, no ha sido efectiva, careciendo de impacto en la reducción de la violencia delictiva.
La oposición también alegó que los más afectados con la prisión preventiva oficiosa son los más pobres en el 70 por ciento de los casos en que se aplica.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, hizo un llamado al bloque mayoritario a que reflexionaran sobre este tema, “porque no solamente estamos contraviniendo la reforma de 2010-2011, sino el nuevo sistema de justicia penal que, en teoría, siendo adversarial, da la oportunidad de que se pondere en mayor medida la presunción de inocencia”.
Afirmó el vicecoordinador de la bancada de Morena, Leonel Godoy, que lo importante era defender los derechos humanos de las víctimas y no a los delincuentes como viene ocurriendo.
“Para mi está claro que primero están los preceptos que están en la Constitución y no en los tratados. La coyuntura amerita que se amplie el catálogo de la prisión preventiva oficiosa; y en unos años revisaremos, pero en este momento es totalmente procedente”, dijo el morenista.
Por Morena, Oscar Cantón Zetina habló de la urgencia y de la necesidad de esta reforma ante las dificultades que se tienen para combatir el creciente delito de extorsión, pese a los esfuerzos gubernamentales, según planteó.
Dijo el legislador morenista que, por el contrario, los beneficiarios del hecho de que aún no se aplique la prisión preventiva son los narcotraficantes.
La delincuencia evoluciona y va inventando cosas negativas hacia la sociedad y es el estado de Derecho el que puede intentar prever, pero no adivinar, y cuando se dan unas estadísticas, tenemos que actuar”, alegó el tabasqueño.
También habló por la bancada mayoritaria el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana sostuvo que la reforma de 2011 no puede ser una camisa de fuerza para el Estado mexicano y que éste requería de mayores herramientas para que afronte los delitos que más afectan a la sociedad.
“No podemos caer en la ingenuidad en temas tan delicados y graves como el tráfico de fentanilo, o como el tema de la defraudación fiscal”, alegó el morenista.
Sostuvo el morenista que el delito de extorsión representó en 2021 una tasa de 5 mil casos por cada 100 mil habitantes y que se han registrado cantidades escandalosas de hasta medio billón de pesos por defraudación fiscal.
Dijo Medina Filigrana que la prisión preventiva oficiosa no es una ocurrencia del Estado mexicano, toda vez que existe en Chile, Francia y España y que, además, siempre su aplicación será validada por un juez de control.
Al respecto le reviró el diputado Marco Mendoza (PRI) señalando que más que una camisa de fuerza, los derechos humanos son una obligación que el Estado debe garantizar.
Recordó el priista que el 20 por ciento de los detenidos están en prisión injustamente, mientras el 40 por ciento de los reclusos carecen de sentencia.
El diputado Mendoza comentó que hasta el exministro Arturo Zaldívar se había pronunciado en contra de esta figura porque resulta incompatible con nuestro sistema de justicia.
Es una idea falsa de seguridad, no garantiza justicia; ni juzga ni condena, sólo encarcela a personas antes de poder probar si fueron responsables o no”, cuestionó el hidalguense.
Por parte del PAN, Santiago Torreblanca lamentó que en Morena se califique a los derechos humanos como una camisa de fuerza como sucede en Cuba, Venezuela Corea del Norte.
“Pero luego dicen que exageramos”, dijo el panista, al pronosticar que va esa reforma no reducirá el delito de extorsión, pero sí incrementará que éste sea cometido por las policías. Movimiento Ciudadano está totalmente en contra de la prisión preventiva oficiosa, es totalmente violatoria y así lo han dicho todos los organismos de defensa de derechos humanos. No nos vayamos por un sistema de populismo punitivo”, afirmó el coordinador de la bancada de MC, Braulio López Ochoa.
Sostuvo el parlamentario de MC que es una medida que afecta a la población joven, a personas de bajos recursos que carecen de recursos para defenderse, por eso hemos defendido que es importante atender las deficiencias que se presentan en las fiscalías.
De esta manera se retomó la sesión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, instalada desde el primero de agosto, para sacare adelante las reformas contenidas en el denominado Plan C que envió el presidente de la República el 5 de febrero.
