*El perredista asesinado en 2013 por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez
*Era líder de la Unión Popular (UP), quien fue privado de la libertad y asesinado tras exigir fertilizante
YASMÍN GARCÍA/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
Desde hace tres meses, el Estado Mexicano retiró las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a favor de María Soledad Hernández Mena, hija del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado en el 2013 presuntamente a manos del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
El crimen perpetrado en contra de Hernández Cardona, es el caso más firme por el que el ex primer edil de Iguala permanece en prisión, dados el testimonio del también integrante de la Unión Popular, Nicolás Mendoza Villa, quien asegura que vio de primera mano como el entonces alcalde reclamó al dirigente social las constantes movilizaciones para reclamar la entrega de fertilizante y posteriormente lo asesinó a quemarropa.
El cadáver de Hernández fue localizado el 3 de junio en las inmediaciones de Xalitla, sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala junto con otros dos activistas de la UP que fueron asesinados tras el reclamo del primer edil.
Durante el sepelio de Arturo Hernández y sus compañeros, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de quienes la UP de Iguala era aliada, se separaron del cortejo y arremetieron contra el Ayuntamiento, dejando el inmueble destrozado, con todas sus oficinas y muebles en llamas, en tanto que la mayoría de las paredes se pintarrajeadas con la leyenda “Abarca asesino”. ´
Ese fue el primer antecedente de la confrontación entre el ex alcalde de Iguala y la Normal Rural, que tuvo su momento más crítico la noche del 26 de septiembre, durante los ataques que dejaron el saldo de seis muertes y 43 estudiantes desaparecidos.
En el año 2015, la CIDH y el Estado Mexicano establecieron medidas cautelares a favor de María Soledad, debido al riesgo que corre por la gravedad del caso.
Dichas medidas constan de un botón de pánico y seguridad eventual por parte de la Policía del Estado.
En un documento emitido por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se destaca que María Soledad se percató de que el botón de pánico dejó de funcionar hace tres meses, lo reportó ante la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México (SEGOB), y le respondieron que las medidas están suspendidas.
Para ella no hubo más detalles.
La Red recriminó que las medidas de protección que la CIDH aún mantiene vigentes, no las implementan cuando la hija del activista se tiene que trasladar hacia la ciudad de Iguala.
En ese sentido, la ONG solicitó a la CIDH recordar al Estado Mexicano que le corresponde implementar las medidas de protección y el cese de las mismas debe ser decidido únicamente por la Comisión Interamericana, no por las autoridades nacionales.
Solicitaron a la CIDH exhortar al Estado Mexicano la ampliación de las medidas de protección a favor de las hijas del activista ejecutado, que son; Carolina Hernández Mena y Reyna Hernández Mena, así como a su viuda Carolina Mena Marchan e informar periódicamente al respecto.
“Inste al Estado a que aporte información sustancial respecto de la investigación de los hechos que originaron la solicitud de medidas cautelares, así como los ocurridos con posterioridad a su otorgamiento”, se lee en el documento.
