*Con 492 votos a favor, la reforma reconoce a México como nación pluricultural y multiétnica
*Les garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno
*Se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural
S. GARCÍA
EXCÉLSIOR/CDMX
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con la mayoría calificada de 492 votos, el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo 2° de la Constitución Política, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
La propuesta expone que aunque actualmente la Constitución mexicana sí reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, están dotados solamente de “carácter de entidades de interés público”, por lo que la iniciativa de reforma los reconoce como “sujetos de derecho público”, lo que implica que se les brinde de un pleno reconocimiento de sus derechos.
“En la actualidad, si bien el artículo 2o., apartado A, último párrafo, de la CPEUM reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sólo les da el carácter de entidades de interés público. Con esta reforma, se cumple con el reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos”, señala la iniciativa.
Cabe recordar que la reforma, aprobada por los diputados este 18 de septiembre de 2024 forma parte del paquete de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, el “Plan C” entre las que destaca la reforma judicial, que ya fue aprobada y la de la Guardia Nacional, que se analiza este jueves.
En la reforma indígena y afromexicna se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la personalidad jurídica y patrimonio propio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dejarán de ser entidades de interés público y se convertirán en titulares de derecho y obligaciones jurídicas. De esta manera, las comunidades podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir con las obligaciones correlativas.
La consulta
Otro aspecto importante de la reforma, destacaron los legisladores, es contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias “cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno”.
La reforma establece que cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por este; y que el particular que obtenga lucro de la medida administrativa debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas un beneficio justo y equitativo, en los términos que establezcan las leyes aplicables.
También establece que es obligación del Estado garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.
El dictamen
La reforma establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades como una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ella.
El dictamen incorpora el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
Además, garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
Preserva, difunde y fomenta su cultura, lenguas y educación, con base en sus métodos de enseñanza-aprendizaje; promueve el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
La reforma fue enviada al Senado de la República para su discusión y en su caso aprobación.
De igual forma, informaron que con la modificación constitucional se le brinda asistencia jurisdiccional idónea a las personas indígenas que lo requieran, lo cual obliga a las instituciones de justicia a garantizar su derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
Participaciones
Durante la discusión del dictamen, algunas diputadas y diputados de los partidos de oposición manifestaron su voto a favor de la iniciativa. Por su parte, legisladores de Morena y aliados tomaron la tribuna durante sus respectivas intervenciones para levantar carteles con los nombres de comunidades indígenas.
Aunque se logró la probación de la reforma sin ningún voto en contra, legisladores manifestaron reservas sobre los alcances que pueda tener la nueva reforma. “Hay aspectos preocupantes de la reforma; la primera tiene que ver con la garantía de acceso a la justicia y la posibilidad de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan ser asistidas por personas intérpretes”, expresó por su parte Asael Hernández Cerón, del Partido Acción Nacional (PAN).
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna dijo que para la discusión en lo particular se presentaron diversas propuestas de modificación al artículo 2º del proyecto de decreto, y a los artículos transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno.
A su vez la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, y quien habló en nombre de los pueblos originarios, dijo que la aprobación marca un momento histórico, pues dijo que después de siglos de exclusión se hace les hace justicia.
“Hoy es un día histórico que quedará grabado en nuestras mentes y corazones como el momento en que, después de más de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de pueblos y culturas que lo conforman”, dijo.
Destacó que la reforma eleva a rango constitucional el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en la vida y en el entorno de los pueblos, así como la capacidad de interponer medios de impugnación por violación a este derecho.
Al respecto, la diputada María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma pretende saldar una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, pues recordó que la población indígena en pobreza es de 77 por ciento y en pobreza extrema del 35 por ciento, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval). También aseguró que aún falta expedir ley general de la materia y armonizar el marco normativo de las leyes que correspondan en el ámbito federal y promover las modificaciones jurídicas en los estados.
