*Serán electos 87 jueces de primera instancia y 25 magistrados, dice Raymundo Casarrubias
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
En Guerrero serán electos a través del voto popular 25 magistrados y 87 jueces de primera instancia, una vez que el Congreso del estado homologue la Constitución Política del estado con la federal, y reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial con motivo de la reforma judicial que aprobó el Congreso de la Unión.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y titular del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, informó además que habría que ver si las reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, contempla también la elección de los jueces de paz que hay en la entidad, “que al final de cuentas también son jueces, pero eso tendrá que ser checado con el Congreso”.
Aclaró que las reformas que haya a las leyes de Guerrero en el marco de la reforma judicial federal, no contemplan a los trabajadores administrativos del Poder Judicial del estado, “porque ellos no van en este momento en la reforma”.
Raymundo Casarrubias dijo que la idea es que haya una reforma integral, que también contemple a la Fiscalía y al Tribunal de Justicia Administrativa, “pero por el momento la reforma sólo contempla al Poder Judicial federal y de los estados del país”.
A los trabajadores administrativos se les respetarán sus derechos, “los que en un momento dado pueden ser afectados son los jueces y los magistrados que no tengan el tiempo para retirarse, o sea los más recientes”, explicó.
Una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, los Congresos de los estados contarán con 180 días naturales para homologar las leyes, para que la reforma judicial también se aplique en las entidades federativas.
Aclaró que la elección de jueces a través del voto popular, estará a cargo del Instituto Electoral.
Reymundo Casarrubias informó que le propuso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que sea la escuela judicial la que capacite a los que tengan interés de participar en los procesos de selección de jueces y magistrados a través de las urnas, para que quien llegue tenga condiciones para desempeñarse, “y para que llegue la gente más adecuada”.
