Senadores aprobaron la reforma judicial: habrá elección de jueces

*Con 86 a favor y 41 en contra, en los primeros minutos de este miércoles 11 de septiembre, quedó aprobada la reforma constitucional al Poder Judicial

CARLOS CORDERO/QUADRATÍN
CIUDAD DE MÉXICO

En una sesión histórica con un asalto de manifestantes a la sede oficial del Senado de la República y desplazados a la casona de Xicoténcatl, el bloque oficialista de Morena-PVEM-PT consumó la aprobación, en lo general, de la reforma constitucional al Poder Judicial, por mayoría calificada de 86 a favor y 41 en contra, en los primeros minutos de este miércoles 11 de septiembre.

En medio de fuertes y enérgicas protestas de trabajadores del Poder al que quieren democratizar y reestructurar, la aplanadora mayoritaria se impuso al bloque opositor del PAN-PRI y Movimiento Ciudadano, con acusaciones que a la mala consiguieron la mayoría calificada con el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y el supuesto secuestro del emecista Daniel Barreda Pavón.

Medios locales de Campeche confirmaron que el senador del Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda Pavón, estuvo todo el día en la Sala de Juicios Orales y se ausentó de la sesión ordinaria donde la oposición requería su voto, pues dijo que acudió a apoyar un asunto personal de su padre, Daniel Barreda Puga, y junto al diputado local Paul Arce Ontiveros, pudieron liberarse apenas antes de las 11:00 horas.

La elección

De acuerdo al dictamen, se establece un proceso de elección por voto popular para magistrada o magistrado de Circuito, jueza o juez de Distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se reduce la integración a nueve ministras y ministros, con una duración en su encargo de 12 años.

Etapa final

La etapa final está casi por completarse al sólo faltar la votación en lo particular de los artículos reservados; sin embargo, durante la discusión en lo general, mientras intervenía en tribuna la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, para fijar su postura sobre la reforma judicial, los senadores panistas, priistas y emecistas intentaron tomar la tribuna para frenar la discusión del dictamen.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, desestimó suspender la sesión en el Pleno y desdeñó la intentona del bloque opositor, no sin antes advertir que de no haber condiciones sólo habría oportunidad de una ronda de oradores para hablar a favor y en contra.

Entre el clamor de Morena y aliados de: “la reforma va”, los del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respondían con: “Resistencia, resistencia”.

Tras los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios: por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich; por el PT, Anaya Gutiérrez; por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo; por el PRI, Carolina Viggiano Austria; del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; y por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, la Mesa Directiva cumplió su advertencia y sólo permitió una ronda de intervenciones a favor y en contra del dictamen.

Fundamentación

Al fundamentar el dictamen sobre la reforma constitucional del Poder Judicial, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, destacó que sólo entre los meses febrero y julio de este año se realizaron más de 50 foros, diálogos estatales y regionales, en la Cámara de Diputados, congresos locales y plazas públicas, donde participaron integrantes de todos las bancadas, no obstante, la oposición reprobó que los foros nacionales fueron una simulación.

El dictamen avalado por la mayoría legislativa asegura que se reconfigurará el sistema judicial mexicano, de tal manera, que se asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales; la participación ciudadana en la designación de sus titulares; y la administración de justicia de manera pronta y expedita.

La morenista aseguró que se garantiza la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar sus funciones del poder político y económico, protegerlas de intereses fácticos o criminales.