BOLETÍN / CONGRESO
CHILPANCINGO, GRO.
El diputado, Jorge Iván Ortega Jiménez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para transferir al Congreso del Estado la atribución de tomar la protesta a los ayuntamientos entrantes, en sustitución de los ayuntamientos salientes, y para que el acto de instalación se realice el mismo día, y no en dos sesiones como lo estipula el artículo vigente.
El legislador integrante del Partido de la Revolución Democrática, explicó que actualmente la ley en comento plasma en los artículos 36 y 37 que los nuevos funcionarios de los ayuntamientos deben rendir protesta ante un cuerpo colegiado que ha dejado de existir legalmente por final de su periodo, hecho que genera incertidumbre e inconsistencias.
Expuso que los ayuntamientos entrantes y los salientes llegan en ocasiones al evento de la instalación y toma de protesta con serios conflictos, sobre todo en los casos en que ambos emergen de partidos o coaliciones políticas diferentes, ya sea que existen cuestiones adversas postelectorales, o por razones de otra índole, generando actos públicos desapegados de la institucionalidad que impiden una transición legítima y eficiente.
Por lo anterior, el diputado Jorge Iván Ortega propone que se elimine la atribución que hasta ahora mantienen los ayuntamientos salientes, y en su lugar se plasme la facultad del Congreso del Estado para designar a una diputada o un diputado que se encargue de asistir a las sedes municipales para presenciar y verificar los actos protocolarios, brindando mayor certidumbre legal y reforzando el papel del Poder Legislativo como coadyuvante de la gobernabilidad.
Además, la propuesta contempla reconocer a las y los integrantes de los cabildos salientes como invitados de honor a la ceremonia de toma de protesta, cuya asistencia será opcional.
Respecto al día de la instalación y toma de protesta del nuevo ayuntamiento, se llevarán a cabo en una misma sesión el primer día de enero siguiente al año de la elección.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado, para su análisis y dictaminación correspondientes.
