HÉCTOR FIGUEROA
EXCÉLSIOR/CDMX
El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, señaló que le corresponde al Senado de la República recibir las declinaciones de las personas juzgadoras que no buscarán participar en los comicios del Poder Judicial el 1 de junio de 2025.
En ese sentido, dio a conocer que, hasta las 12:32 horas del martes, el Senado ha recibido la declinación de 78 jueces, y de 181 magistrados; así como 15 jueces que, si bien declinan a participar en la responsabilidad que hoy tienen, aspirarán a un cargo diferente al que ostentan; además, de 16 magistradas y magistrados que están en la misma condición.
Por otra parte, el pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para integrar el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, que revisará el perfil de las y los aspirantes que participarán en la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
Con 75 votos a favor y 40 votos en contra, la Cámara de Senadores designó como integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal a Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
El acuerdo fue remitido a la Cámara de Diputados para que continúe su trámite legislativo y para que, a más tardar el 31 de octubre de 2024, pueda quedar instalado el Comité de Evaluación.
El presidente de la Mesa Directiva refirió que la Constitución Política establece que cada Poder de la Unión debe integrar un Comité de Evaluación, para la selección de candidaturas que participarán en la elección de los distintos cargos que integran el Poder Judicial de la Federación.
Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, dijo que al Senado le corresponde acatar la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, el cual tiene a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional y ética de quienes aspiran a ser personas juzgadoras.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, manifestó que la reforma se hizo para “apoderarse” del Poder Judicial, no para mejorar la justicia, por lo que declaró que su grupo parlamentario está en contra de este Comité de Evaluación, porque “todo el proceso es anticonstitucional, representa un retroceso, es antidemocrático y una mentira”.
