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Vacila el PRD en llamar a comparecer al fiscal por crímenes de alto impacto

MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, valora la posibilidad de proponer la comparecencia del fiscal General del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado, para que informe el avance de las investigaciones que llevan hechos delictivos relevantes, entre éstos el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.

El líder parlamentario señaló que ese tema lo tiene que platicar con el Comité Estatal del PRD y los legisladores que integran la fracción legislativa, dando a entender que no se manda solo.

Independientemente de que prospere o no el planteamiento de llamar a comparecer al fiscal, los diputados del PRD buscarán al funcionario estatal para saber el estado que guarda la investigación del homicidio del alcalde capitalino, indicó.

Dijo que el alcalde suplente que asumió las funciones de presidente municipal, Gustavo Alarcón Herrera, llega en una situación difícil por lo que habría que esperar a que se acomode para valorar su actuación.

Se abstuvo de opinar si las licencias para separarse del cargo que presentaron ediles de Teloloapan a escasos 12 días de haber asumido el cargo, obedecieron a la violencia que se registra en ese municipio de la región Norte de Guerrero.

Dijo tener entendido que algunas licencias fueron por motivo de salud, y remitió a los periodistas preguntarles a los ediles para ver si en verdad ese fue el motivo.

Cabe señalar que el diputado perredista Robell Urióstegui fue presidente municipal de Teloloapan, de donde salió en helicóptero con su familia casi al término de su gestión con el apoyo del ex gobernador Héctor Astudillo, por amenazas de muerte que hubo en su contra.

En la entrevista, el líder parlamentario perredista dio más importancia al deseo del PRD de registrarse como partido político estatal, por aquello de garantizar el cobro de las prerrogativas económicas que por ley otorga el estado a los partidos políticos.

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