*Sí probable que Germán Reyes Reyes haya ordenado el asesinato de Alejandro Arcos, señala la Juez de Control
*No se aclara por qué el equipo de seguridad dejó viajar solo al presidente municipal
ROGELIO AGUSTÍN
SNI/CHILPANCINGO, GRO.
De acuerdo con los trabajos periciales que se tienen hasta el momento, se sabe que hasta las 15:30 horas de domingo 6 de octubre, el presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán estaba vivo, todavía no se conoce el tipo de arma utilizada para asesinarlo y mucho menos existe la certeza de que se le haya decapitado cuando aún estaba con vida.
De acuerdo con la exposición hecha en la recta final de la audiencia de vinculación, la Juez de Control Yolanda Mora Silva hizo un planteamiento que por espacio de dos horas estuvo en el aire.
¿Es probable que el señor Germán Reyes Reyes haya ordenado el asesinato del presidente municipal? La respuesta sí.
Precisó que al establecer la vinculación como probable responsable del delito de homicidio calificado, es porque existe dicha posibilidad, pero en el periodo de investigación complementaria otorgado, que es de un mes, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe acreditar para establecer si hay elementos suficientes para emitir una sentencia.
En la relatoría de los hechos expuestos, la juez estableció que el domingo 6 de octubre el presidente municipal de Chilpancingo, a las 11:00 horas salió de su domicilio ubicado en la colonia Haciendita con dirección a la comunidad de Tepchicotlán, con la intención de entregar víveres a los damnificados del huracán John.
Para cumplir con dicha actividad se movilizaron tres camionetas, una de ellas era una Jeep Cherokee blindada, en la que inicialmente viajaba el presidente municipal y de la que se bajó para abordar una camioneta más pequeña, en la que más tarde sería encontrado sin vida y decapitado.
Cuestionamientos
La juez refirió que hay entrevistas en las que la FGE no ha profundizado adecuadamente, como el hecho de no indagar la razón por la que el presidente municipal se separó del grupo en el entronque de Tepechicotlán y se le permitió ir solo al interior del denominado Circuito Río Azul.
Indicó que el equipo de seguridad del primer edil estaba integrado por 18 personas; de todas ellas, nadie hizo el esfuerzo de acompañarlo ni de evitar que viajara solo.
Destacó que la Fiscalía tiene la responsabilidad de cuestionar y de saber la razón por la que se permitió al presidente separarse del grupo.
Entre las entrevistas realizadas por la FGE, se señala que el presidente no confiaba en la policía preventiva y, por esa razón, su equipo de seguridad se integraba por gente ajena a dicha corporación.
Faltan
pruebas
De acuerdo con los trabajos que peritos en materia forense han realizado hasta el momento, se tiene la certeza de que el presidente Arcos fue asesinado en un lugar distinto al que se le localizó, alrededor de las 17:00 horas del domingo 6 de octubre.
De acuerdo con los estudios realizados al cuerpo, se anota que alrededor de las 15:30 horas de ese domingo, el jefe de Cabildo capitalino todavía estaba vivo.
Y aunque está muy claro que al alcalde le fue cercenada la cabeza, hasta el momento la FGE no ha presentado elementos contundentes para establecer que se le decapitó estando aún con vida.
No se ha dado a conocer un dictamen en el que se indique si al momento de su muerte, el presidente estaba inconsciente o bajo el efecto de alguna droga.
Lo que se reiteró, es que la causa de muerte fue una hemorragia masiva por decapitación.
También se hizo la referencia de que presentaba lesiones en un brazo y en el tórax, pero no se mencionó que hubiera sido mutilado, en alguna otra parte de su cuerpo, como se llegó a manejar en redes sociales.
No hay
parcialidad
Antes de dictar la vinculación a proceso, la juez refirió que el imputado Germán Reyes le demandó manejarse con objetividad a imparcialidad.
Indicó que tan ha sido imparcial, que en una ocasión le rechazó la petición a la FGE, que había solicitado la orden de aprehensión en contra del militar retirado desde la jornada del 10 de noviembre.
Explicó que la petición del mandato judicial se hizo por medio de correo electrónico pero sin la firma correspondiente, razón por la que se emitió una respuesta negativa.
Ante los cuestionamientos dirigidos en su contra, destacó que un juez no se legitima en redes sociales o en los medios de comunicación.
“A un juez lo legitiman sus decisiones, yo fui designada juez por medio de un examen de oposición y después ratificada por el Pleno del Poder Judicial”, anotó.
Para precisar que no se trata de una juzgadora improvisada, destacó que ha tenido en sus manos casos delicados y de alto impacto, como el de la masacre de siete personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, además de asuntos que afectan a grupos delictivos como el de Los Ardillos y Los Tlacos.
Grave
imputación
Entre las observaciones hechas a la FGE, la juez destacó que resulta delicado que se haya vinculado al imputado con el grupo delictivo de Los Ardillos, porque dicha aseveración no está acompañada de un análisis pormenorizado de quien hizo la acusación.
“Es una fuerte aseveración que hace el Ministerio Público sin un sustento, si la Fiscalía consideraba que forma parte del crimen organizado debió corroborarlo, porque estamos frente a un señalamiento fuerte que se hace sin un elemento de prueba”, indico.
Respecto a los elementos que se tienen para sustentar la vinculación a proceso, indicó que se tiene el dato aportado por el señor Domitilo Cándido, quien aseguró que tres supuestos policías comunitarios de Petaquillas hablaron sobre dicho “jale” cuando lo trasladaron hacia Quechultenango, a un rancho donde habrían dicho que era el lugar donde se cometió el crimen.
En esa parte dijo que la FGE debe realizar las acciones encaminadas a establecer la ubicación de dicho rancho, para demostrar si efectivamente en ese lugar se cometió el homicidio en mención.
También habló sobre la denuncia hecha por un policía preventivo a través de un correo electrónico, quien asegura que escuchó que el secretario de Seguridad Pública habría dicho en voz alta que al alcalde debían asesinarlo y decapitarlo, pues ya había recibido dos mensajes (mortales) y se negaba a ceder a Los Ardillos varios cargos en el gabinete, entre ellos la Secretaría de Obras Públicas.
En esa llamada, el entonces jefe de la policía habría dicho a los presuntos asesinos materiales, entre ellos un pistolero conocido como “El Michoacano”, que él les avisaría cuando el presidente estaría en Petaquillas o Tepechicotlán, lo que sucedió el domingo 6 de octubre antes del mediodía.
Por eso aclaró que la probable responsabilidad del militar retirado es como inductor del crimen, ya que dio la orden pero no se le ubica como el autor material.
