Avalan para Sedena 60% y a Semar 40% del recurso de aeropuertos
CARLOS CORDERO
QUADRATÍN MÉXICO
Con la aprobación de la Ley Federal de Derechos por mayoría de 80 votos a favor y 37 en contra, el Pleno del Senado de la República avaló que el 60 por ciento de los recursos obtenidos del derecho por uso, goce o explotación de aeropuertos federales se destinen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el 40 por ciento a la de Marina (Semar).
El proyecto de decreto incluido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, modifica el segundo párrafo del artículo 220-A a efecto de precisar que Sedena y Semar deberán aportar la totalidad de los recursos recaudados a los fideicomisos constituidos para el fortalecimiento de los sistemas aeroportuarios.
Ajusta la cuota del derecho por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas con un costo de 850.56 pesos, cuyo objetivo es para “facilitar los flujos documentados de personas que ingresan o salen del país, garantizando una migración debidamente regulada, que se lleve a cabo bajo controles eficaces”.
El 67 por ciento de los recursos obtenidos por la recaudación de derechos migratorios que cubran los extranjeros que ingresen como turistas también serán destinados a la Sedena y el 33 por ciento restante se concentrará en la Tesorería de la Federación como recursos sin destino específico, para gasto público.
Se elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional con fines turísticos por vía marítima a bordo de buques de crucero, “para garantizar un control migratorio eficiente y mejorar la recaudación de los derechos migratorios”.
La Ley Federal de Derechos se trata de un ordenamiento que permite regular también el aprovechamiento de recursos estratégicos nacionales, ya que promueve un uso responsable, sostenido, equitativo y soberano. Además, los cambios establecen actualizaciones claves relacionadas con el uso, goce y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación.
