BOLETÍN / CONGRESO
CHILPANCINGO, GRO.
La diputada, Catalina Apolinar Santiago, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para que las iniciativas a nivel constitucional y las proposiciones de acuerdo parlamentario que involucren a grupos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos o a cualquier otro sector vulnerable, sean analizados bajo la modalidad de Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y la que corresponda al tema.
Además, la propuesta plantea que el procedimiento parlamentario especial para la creación de nuevas municipalidades con influencia indígena y afromexicana que corresponda conocer por ámbito especial de validez, sea analizado en la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación en conjunto con la de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena reseñó que actualmente, con base a las funciones legislativas plasmadas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones ordinarias y comités analizan, discuten, dictaminan y aprueban reformas constitucionales y temas que impactan de manera trascendente en las formas de vida cotidiana de los diferentes sectores de la sociedad.
Sin embargo, explicó que cuando llega al Congreso de Guerrero una reforma constitucional, sea general o local, sólo recae en una comisión, como fue el caso de la reciente reforma federal que incorporó el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando fuera en este caso la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, situación que debe ser modificada.
Ante ello, la legisladora resaltó la importancia de aprobar la reforma de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para garantizar la participación activa y representativa no sólo de los representantes populares que integran este órgano legislativo, sino también de la ciudadanía que integra los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como sectores vulnerables como las personas con discapacidad, entre otros, para que formen parte de las dictaminaciones y esto coadyuve a eliminar la discriminación.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondientes.
