*Le solicitan que el sistema de justicia vuelva a tener el rango constitucional y legal
*La Ley 701 promulgada en 2011 fue limitada en 2015 por una reforma
*En 2020, la Suprema Corte invalidó esa reforma y exigió una consulta, que aún no se realiza
YONATHAN BAUTISTA
SAN LUIS ACATLÁN, GRO.
Integrantes de la casa matriz de justicia de San Luis Acatlán, de la Policía Comunitaria (CRAC-PC), solicitaron la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que los tome en cuenta en sus propuestas de reformas en materia indígena y afromexicana.
Coordinadores, consejeros locales y regionales de esta casa de justicia, se dieron cita sobre la carretera San Luis Acatlán – Marquelia, a la altura de la localidad de Jolotichán, donde además acudieron grupos de policías comunitarios desarmados, como un acto de respeto a la primer comandante suprema de las fuerza armadas.
La presencia de las autoridades comunitarias fue para entregar un escrito de manera personal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde le solicitan su intervención ante la gobernadora, Evelyn Cesia Salgado Pineda, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que el sistema de justicia vuelva a tener el rango constitucional y legal con el único fin de que a los pueblos originarios se les restituya y amplíen sus derechos humanos.
Dicho documento data los antecedentes por periodos legislativos del estado en reformas a derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero, de 2009 a la fecha.
Otro punto es la construcción y desarrollo de la reforma constitucional y legal en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero, donde las autoridades han realizado foros de consulta e informativos abordando temas diversos.
De igual manera, sobre la Ley 701, misma que fue aprobada en 2011 y reconocía la labor de la CRAC-PC como sistema de justicia, a sus 16 años de surgimiento, fue echada abajo posteriormente.
Indican que en 2015 diputados, en su mayoría del PRI, hicieron la reforma al artículo 14 para limitar las funciones de Policía Comunitaria, y ese mismo año la CRAC-PC, junto con demás organizaciones presentaron iniciativas de reformas al Congreso, pero no fueron tomadas en cuenta.
Fue hasta 2020 que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), invalidó las reformas aprobadas en el Congreso en 2018 y le fijó un plazo de un año para hacer una consulta.
Precisan que en el periodo 2021-2024, los legisladores salientes, en su mayoría de Morena, no hicieron nada de la nueva consulta, por lo que pide una consulta más amplia en pueblos indígenas, para determinar el respaldo legal de actuación de ese sistema de justicia.
Esto ha incidido en que la CRAC-PC, de manera recurrente se manifieste y luche por el reconocimiento como un sistema de seguridad para la protección de las comunidades y pueblos originarios.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a través de estas peticiones, buscan que la presidenta de la república respalde su gestión, en torno a las propuestas de reforma de la constitución política del estado de Guerrero en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, de la ley 701 que fue aprobada en 2022.
Le pide a la Presidenta no actuar como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de que durante sus visitas a Guerrero en seis ocasiones la CRAC lo buscó para dialogar, pero nunca le dio respuesta.
“Con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, enviamos seis solicitudes de audiencia, con respuesta negativa: dos veces en Tlapa, una en Marquelia, otra en Espino Blanco, Malinaltepec, la quinta vez en Alchipahuac, Iliatenco y la última vez fue Palacio Nacional”, indica el texto.
El documento es firmado por los coordinadores regionales de la CRAC-PC Ramón Jiménez Aguirre, Rigoreto Rolas Laureano y Ramito Navarrete Corte; además de los consejeros regionales Sabas Aburto Espinobarro, Herlinda González Ramos, Armando Zavala Felipe, Adulfo Esteban De La Cruz y Rolando Bahena Cruz.
