*Su familia enfrenta el conflicto de volver a la violencia criminal en Guerrero
MARGENA DE LA O
AMAPOLA PERIODISMO
María Mejía Esquivel lleva casi cinco años en Atlanta, Georgia, y ahora que su vida volvía a tomar forma le regresó el miedo de que la historia vuelva a repetirse: salir de casa con lo que lleva puesto y abandonar todo. La actual causa es la endurecida política migratoria de Donald Trump al volver como presidente de los Estados Unidos. Llegó a ese país por asilo político en agosto del 2019, después de su desplazamiento forzado de la Sierra de Guerrero por violencia.
Desde el lunes que tomó protesta el nuevo presidente de Estados Unidos no ha salido de casa porque tiene temor de que agentes migratorios la detengan y la expulsen a México sin nada. Ya vivió la expulsión una vez y no quiere repetirla.
En noviembre del 2018, María y sus dos hijos, Andrea y Gerardo, entonces unos adolescentes, fueron obligados a salir, como casi todos los habitantes, de Filo de Caballos, un pueblo de Leonardo Bravo, ubicado en la Sierra Madre del Sur que cruza por la zona Centro del estado. Unas personas armadas, que serían parte de un grupo criminal, entraron a varios pueblos de la región y los forzaron a abandonar sus casas al negarse a permanecer bajo sus órdenes.
A causa de este ingreso armado que las autoridades de entonces–ni de ahora– nunca frenaron o cambiaron, entre 1,600 y 1,800 habitantes salieron desplazados de manera forzada de los pueblos de esta parte de la Sierra, de acuerdo con lo que informaron entonces las propias familias. Llegaron a refugiarse a Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, donde la alcaldía les prestó el auditorio municipal por el tiempo que pudieran resistir o hasta que volvieran a sus pueblos.
Nunca regresaron, aun cuando lo intentaron, porque sus pueblos siguieron como rehenes. Las familias fueron desperdigándose, algunas todavía resisten en Chichihualco, hasta donde les alcanzó la inseguridad pública. Esta cabecera municipal es escenario de constantes balaceras entre presuntos grupos criminales. Desde junio del 2023 hasta septiembre del 2024 no hubo clases presenciales en los planteles educativos por esta razón.
María permaneció un año en el auditorio municipal y al ver que tampoco consiguieron apoyo institucional para establecerse en otro lugar de México, decidió, junto a su madre, tres de sus hermanas y un primo, todos con sus familias, viajar a la frontera para pedir asilo político a los Estados Unidos, a propósito de una política migratoria del expresidente Joe Biden de alojarlos en su país, pero sin grandes garantías. Estuvieron dos meses en un albergue en Nogales, Sonora antes de que les autorizaran entrar.
Era Trump
Con el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos hubo inmediatas y severas órdenes ejecutivas sobre migración, como la suspensión de admisiones de refugiados, la declaración de emergencia en la frontera que colinda con México y su militarización, y la implementación de la política “Quédate en México”, la cual cancela el ingreso de mexicanos que piden asilo por una situación de peligro. Todas estas órdenes ejecutivas avizoran deportaciones masivas de migrantes.
Desde el lunes 20 de enero la palabra miedo acapara los contenidos periodísticos de los medios de comunicación sobre historias de connacionales y migrantes en general en los Estados Unidos.
María también siente y percibe el miedo. Por teléfono cuenta que vive sobre una vía donde suele haber mucho tráfico, lo que le resulta un termómetro para medir la fluidez de la ciudad, pero desde el martes “las calles se oyen serias”, porque los migrantes en general evitan salir a la calle, lo que complica su situación hasta de subsistencia en el mismo país.
Al evitar salir a las calles, los migrantes no trabajan y si no trabajan tampoco tienen ingresos. María, por ejemplo, vende tamales, atole y café en gasolineras u otros sitios de flujo–desde su carro porque está impedida para trabajar– a otros migrantes que salen muy temprano a sus trabajos. “Me iba a vender mis tamales en la mañana, pues, ahorita ya no estoy yendo, porque la gente no está saliendo, yo no tengo venta con mis tamales, porque no está yendo a trabajar la gente. Tienen miedo, tenemos miedo, no podemos salir”, comenta.
Aun cuando el ingreso de María a los Estados Unidos fue por asilo político, su condición es similar al de otros migrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal, porque carece de un permiso para trabajar, una licencia para conducir auto y cualquier otra garantía social, como los servicios médicos. Es la razón de que su madre, diabética desde joven, declinó el asilo, porque nunca accedió a medicamentos y para María y sus hermanas fue complicado costeárselo; ahora vive sola en Chilpancingo.
Ingresar a los Estados Unidos por el riesgo de seguir en México en realidad nunca le dio certezas, pero, al menos, le ofrecía la posibilidad de volver a comenzar.
“No tenemos
nada, ni allá”
María de muchas maneras intenta explicar la incertidumbre de su situación actual y la de muchas otras personas que llegaron a los Estados Unidos por el riesgo de vivir en zonas de alta violencia en México. “A nosotros nos tienen como amarrados, nos tienen a la deriva, porque no tenemos bienestar aquí ni bienestar allá. Estamos más jodidos de los que están en México”.
Trata de transmitir la sensación de estar a la deriva de nueva cuenta. Supone varios escenarios, por ejemplo, si los agentes migratorios la topan en la calle pueden sacarla sólo con lo que trae puesto, como cuando dejó su casa en la Sierra de Guerrero. “Imagínate, te llegan a echar en una parad de tráfico, dejas todo en otra vuelta. Tantos años estar esforzándose para estar bien”.
Es consciente que Estados Unidos los aloja de manera temporal, pero a la vez evalúa que su condición de desplazamiento debía diferenciarse en las nuevas leyes migratorias de Trump. “No que nos dieran papeles, pero cuando menos que nos dejaran estar en el país, porque nosotros estamos conscientes de que no somos de este país, pero por la situación de desplazados dónde vamos a llegar, con quiénes vamos a estar allá (México)”.
María sabe que las condiciones en Guerrero y en gran parte de México, en temas de inseguridad, no han cambiado. Chichihualco, la cabecera municipal de donde salió, tiene una condición similar a la del pueblo donde la obligaron a salir un año antes. Todavía están ahí varios de sus familiares y le han contado que viven las balaceras agazapados en sus casas.
Muchas familias desplazadas siguen en este lugar también porque el apoyo institucional que les da el gobierno mexicano es limitado. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entrega recursos para renta y una despensa a una parte del grupo de 350 familias que quedan en Chichihualco, después de un peregrinar para que aceptaran la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2023, donde los reconoce como víctimas de desplazamiento forzado interno.
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), la organización que los ha acompañado en las gestiones, sigue en los trámites para sumen a más víctimas al programa.
Con las órdenes ejecutivas dadas por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo de manera pública que su gobierno está preparado para la deportación masiva de migrantes con el fortalecimiento de los consulados y el acceso de los deportados a la red de los programas de asistencia social, como servicios de salud y a una tarjeta con 2,000 pesos para sus gastos de traslado.
Pero esto no ofrece certezas a las víctimas que salieron de México por la violencia. María insiste en la incertidumbre de su situación: “Estamos con la preocupación de que si las leyes se cumplen, como lo está diciendo ahorita el nuevo presidente, qué nos espera a nosotros, estar en el aire, ni allá tenemos nada ni aquí podemos estar por la situación de migración”.
La directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, también tiene esa inquietud porque recibió los primeros reportes de deportaciones de familias que pidieron asilo por las mismas razones que María.
Sabe que tres familias que están en Alabama recibieron su orden de deportación y cree que en los próximos días tenga muchos más casos confirmados. “Es una preocupación para las víctimas porque se van huyendo de la violencia y tendrán que regresar a sus lugares de origen estando la violencia como siempre y los enfrentamientos sin parar”, advierte.
La vida que
tomaba forma
Cada vez que María habla de regresar a la condición del despojo, la de no tener nada, dice “otra vuelta a lo mismo”. No porque conozca esa vuelta significa que le resulta fácil, menos ahora que su vida cambió.
En estos casi cinco años en Estados Unidos tomó nueva forma, su familia creció, sus hijos, ahora de 23 y 21 años, tienen parejas e hijos. Es abuela de tres pequeños, la menor de sus nietas nació hace dos meses y medio.
Hace un mes, además, ella volvió a ser mamá a sus 43 años; hace tres años, después de estar 16 años viuda, volvió a vivir en pareja, con quien procreó a Aranza, a quien llama su bendición, en particular porque nunca pensó volver a ser mamá y vive una nueva etapa.
Esta nueva vida está en peligro de volver a cambiar de manera abrupta.
