Ataque a vocero del CECOP es parte de la represión: Tlachinollan
*El Centro de Derechos Huamnos Tlachinollan, sostiene que las amenazas contra el dirigente del CECOP se intensificaron desde 2024
*La agresión armada no corresponde solo a la violencia que agobia al puerto de Acapulco, asegura que es parte de un largo proceso de represión
*Reprocha que no se le haya otrogado protección con personal de la Guardia Nacional
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan sostuvo que el ataque armado en contra de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) fue perpetrado por el mismo grupo delictivo que desapareció a su hermano Vicente, en agosto de 2021.
Para Tlachinollan, el atentado del viernes en la zona turística de Acapulco no es consecuencia de la violencia que desatan los grupos delictivos que se disputan al puerto de Acapulco, más bien, está relacionado con la represión que ha enfrentado desde principios de siglo.
Si bien el CDHM establece a través de un comunicado que la agresión contra Suástegui Muñoz “se da en medio de una vorágine de violencia que azota Acapulco”, también sostiene que la misma “no es consecuencia de la violencia irracional del hampa”, más bien, es parte “de la continuidad de una represión sistemática que el líder campesino vive desde que decidió defender el agua y las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec”, en la zona rural de Acapulco.
Refiere que en 2003, cuando era gobernador René Juárez Cisneros, Suástegui fue encarcelado en el penal de Las Cruces, acusado de varios delitos que no cometió.
Continúa con otro encarcelamiento registrado en 2013, cuando se utilizaron “triquiñuelas legales” para que tras su detención se le trasladara hacia un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit.
En ese momento, Tlachinollan establece que los delitos que se imputaron al dirigente fueron robo y daños que no ameritaban ese castigo.
En 2017 nuevamente fue encarcelado junto con su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, acusados ambos de un múltiple homicidio en el que el organismo sostiene: “nada tuvieron que ver”.
Expone: “En todos los casos, los jueces declararon a Marco Antonio inocente de los cargos que se le imputaban, nunca le han comprobado delito alguno. En el caso de daños y robo contra un gravillero, más tarde un tribunal agrario resolvería que el empresario tenía la posesión ilegal de las tierras donde operaba su empresa”.
El CDHM asegura que la represión no cesa en contra del líder opositor, “pues la Fiscalía del Estado siguió abriendo carpetas por varios delitos, en tanto que de manera simultánea, las amenazas se intensificaron en su contra”.
Asegura: “Ahora lo hostigaban en la playa donde presta servicios turísticos de motos acuáticas y venta de comida desde hace años”.
Recuerda que el 5 de agosto del 2021 fue desaparecido su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, las investigaciones apuntan a que fueron integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona de Tres Palos y a los rededores, a pesar de que los cabecillas están identificados a la fecha no han sido detenidos.
“Marco Antonio se puso al frente de la búsqueda de su hermano Vicente y reiteradamente denunció la inacción de las autoridades para investigar y buscar al defensor desaparecido”, anota el comunicado de Tlachinolllan.
También asegura que desde el 2024 se desecandenaron fuertes amenazas contra Marco Antonio, pues hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí, de tal manera que en numerosas ocasiones pidió a las autoridades protección porque peligraba su vida.
A partir de de la desaparición de Vicente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia, incluido Marco Antonio, sin embargo, asegura que el gobierno mexicano nunca implementó de manera efectiva.
Además, las acciones del mecanismo de Defensores de la Secretaría de Gobernación, le otorgó medidas de protección que se limitaron a un teléfono satelital y un botón de pánico.
Sostiene: “El líder campesino presentía que las medidas no eran eficaces, por lo que solicitaba el acompañamiento de la Guardia Nacional porque no confía en los policías municipales y estatales al saber de su complicidad con los grupos delictivos. Las autoridades nunca le dieron la protección de la Guardia Nacional argumentando que no contaban con personal suficiente”.
Luego insiste en el señalamiento inicial: “La agresión contra Marco Antonio es parte de la represión y hostigamiento de que es víctima desde hace décadas. Las autoridades fueron omisas para implementar medidas de protección a favor del líder campesino pese a que tenían conocimiento de las amenazas que enfrentaba”.
Continúa: “Soslayaron deliberadamente los riesgos que enfrentaba. Las autoridades saben de dónde vienen las agresiones recientes contra el líder campesino. Militares, Fiscalía y gobierno del estado tienen un mapeo claro de los territorios donde operan los grupos delictivos en Acapulco y no hacen nada para desmantelarlos”.
Para Tlachinollan, el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz, es el mismo que lo agredió la noche del viernes.
En el cierre del comunicado, el CDHM solicita “que se brinde la atención médica de calidad al líder del CECOP, se haga una investigación pronta e imparcial, se sancione de manera ejemplar a los responsables y se brinden medidas de protección efectiva a Marco Antonio y su familia”.
