*Los ex alcaldes de Chilpancingo e Iguala no comprobaron 40 y 50 millones de pesos del presupuesto 2022
*La alcaldesa de Acapulco no pudo comprobar más de 30 millones de la cuenta pública 2022
*Las “irregularidades” quedaron firmes en pronunciamientos que hizo la Auditoría Superior del Estado: Joaquín Badillo
MARCIAL CAMPUZANO
CHILPANCINGO, GRO.
El Congreso del estado iniciará procesos judiciales y penales, y posiblemente de inhabilitación en contra de la ex presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez; el ex alcalde de Iguala, David Gama; y la presidenta municipal de Acapulco Abelina López, por no comprobar 40, 50 y 30 millones de pesos, respectivamente, que corresponden a los presupuestos que ejercieron en 2022.
Esta irregularidad en el manejo de los recursos públicos, fue dada a conocer por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 64 Legislatura Joaquín Badillo Escamilla, quien aclaró que los montos económicos corresponden a dinero que no pudieron aclarar ni justificar los 3 actores políticos en los tiempos que les dio la Auditoría General del Estado (ASE), y forman parte de los pronunciamientos que hizo el órgano fiscalizador para que el Congreso actúe con la aplicación de la ley al quedar firme las anomalías.
El legislador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no protegerá a nadie, ni formará parte de mafias políticas como las que hubo en el pasado para ayudar a quienes no comprobaron el uso del dinero del pueblo, y que tampoco habrá mantos de impunidad ni de protección sin importar colores partidistas.
El legislador citó como ejemplo que de las auditorías practicadas por la ASE en 2022, derivaron observaciones al ayuntamiento de Acapulco por un monto cercano a los 800 millones de pesos, de los cuales no pudo comprobar o solventar más de 30 millones de pesos, por lo que la alcaldesa Abelina López Rodríguez podría ser inhabilitada, ser sujeta de juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y de ser necesario proceder penalmente en su contra a través de la Fiscalía General del Estado.
Los mismos procedimientos jurídicos podrían aplicarse a la ex presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez por no comprobar más de 40 millones de pesos, y al ex alcalde de Iguala David Gama por no justificar 50 millones de pesos, dijo Joaquín Badillo.
El diputado informó que la Comisión legislativa que encabeza está elaborando los dictámenes, tomando como base los pronunciamientos que dictó la ASE, que en su momento serán presentados al pleno de diputados para que se decida la ruta a seguir jurídicamente hablando considerando la inhabilitación.
Aclaró que los 3 actores políticos también tienen la oportunidad de regresar el dinero no comprobado para resarcir los daños, y con ello evitar la cárcel.
Badillo informó que están pendiente por ser dictaminadas las cuentas públicas de los referidos ayuntamientos correspondientes a los años 2023 y 2024 para cerrar el periodo de gobierno del trienio pasado, por lo que se desconoce si habrá o no dinero que no podrán comprobar los 2 ex alcaldes y la presidenta municipal de Acapulco que fue reelecta en los pasados comicios locales.
Dio a conocer que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 63 Legislatura que encabezó la diputada Estrella de la Paz Bernal, quien ahora es síndica en el ayuntamiento de Acapulco, no dictaminó las cuentas públicas de los últimos 4 años que le correspondió por lo que no se ha agotado el proceso legislativo.
Esto es preocupante, porque la que fungió como encargada de la Auditoría General del Estado, Natividad Pérez Guinto, efectuó las prescripciones de varias cuentas públicas, a pesar de que en una de éstas hubo observaciones de más de 500 millones de pesos que no subsanó, justificó, comprobó ni reintegró el ex presidente municipal de Acapulco y actual dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Evodio Velázquez Aguirre.
Dijo que por información que le proporcionó la Auditoría, ya hay denuncias por esos actos realizados que dejó sin responsabilidad ni castigo a ex presidentes municipales que no comprobaron dinero público.
Cabe señalar que en noviembre de 2023, el titular de la Auditoría Superior del Estado Marcos César Peralta Hidalgo informó que la ex titular de la ASE Natividad Pérez Guinto, es investigada administrativa y penalmente por haber autorizado la prescripción ilegal de 537 cuentas públicas del 2011 al 2017, de las cuales 472 son de ayuntamientos.
Reveló que los 537 acuerdos de prescripción de las cuentas públicas equivalen a un monto de 13,500 millones de pesos considerados como un presunto daño a la hacienda pública, de los cuales 12,000 millones 985,000 pesos corresponden a los ayuntamientos observados en esos años.
Tan solo del ejercicio fiscal 2017 fueron declaradas como prescritas cuentas públicas de al menos 15 expresidentes municipales, que amparan varios millones de pesos que no fueron comprobados.
