Guerrero, último lugar de personas sancionadas por violencia política de género
ÁNGEL GALEANA/RÉPLICA
CHILPANCINGO, GRO.
Guerrero se encuentra entre los 3 estados con menos registros por violencia política en razón de género. Sólo dos ciudadanos están sancionados por ejercer violencia contra la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, Guerrero es, junto al Estado de México y Michoacán, la entidad con menos personas inscritas.
Las dos personas sancionadas son el excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xalpatláhuac, Edmundo Delgado Gallardo, y el Tlayakanki, de Xalpatláhuac, (personaje principal del pueblo) Nicolás Villarreal Dircio.
Ambos fueron sancionados por el Tribunal Electoral Estatal al comprobarse su responsabilidad como violentadores de la alcaldesa Selene Sotelo, quien tuvo que salir del Ayuntamiento y despachar en una sede alterna por actos de violencia contra su administración, en los que participaron civiles armados de la policía comunitaria, incitados por ambos personajes.
Edmundo Delgado y Nicolás Villarreal han recibido, hasta el momento, la sanción más alta por violencia política en razón de género en Guerrero, al ser registrados durante 4 años en el padrón nacional, imputárseles una multa de 19 mil 244 pesos, y perder el modo honesto de vivir estipulado en
la Constitución Federal.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género tiene inscritas a 345 personas. Oaxaca tiene 142 sentencias, lo que lo convierte en la entidad con más casos del país.
En contraste, Guerrero, Estado de México y Michoacán solo tienen 2 registros, que los coloca en el último lugar.
En noviembre del 2022, la alcaldesa Selene Sotelo denunció que había recibido amenazas de muerte y reconoció que fue «sacada a balazos» del Ayuntamiento, esto luego de que la policía comunitaria irrumpió el 25 de octubre del 2021 para retener a policías municipales y apoderarse del control del palacio municipal.
El 22 de noviembre de 2021, la alcaldesa se vio obligada a instalar la sede del Ayuntamiento en la comunidad de Cahuatache, como un lugar alterno ante la imposibilidad de ejercer funciones desde la cabecera municipal.
El 20 de marzo del 2023, los policías comunitarios privaron de la libertad al presidente del DIF, Jorge Pardo, cuando entregaba despensas en la cabecera municipal.
