A 26 años, esperan pago por despojo de tierras por presa en Cutzamala

EDUARDO YENER SANTOS
QUADRATÍN GUERRERO

A más de 26 años que comenzó la construcción de la presa El Gallo, campesinos de cinco ejidos de esta entidad y dos de Michoacán, demandan la indemnización de sus tierras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), les prometió, luego de desalojarlos de sus hogares.

La presa ubicada en la región Tierra Caliente, fue construida por decreto presidencial DOF: 24/05/1982, y se puso en marcha en 1998 por la Conagua, como un proyecto para la captación de agua de tres ríos de la zona y aprovecharla para sistemas de riego en tierras de cultivo de los ejidos, o al menos eso les dijeron a los campesinos que carecen del agua.

“Aprovechamiento de las aguas para fines de producción agropecuaria”, dicta el decreto, pero fue modificado para generar energía, y en 1999, la Comisión Reguladora de Energía otorgó permiso a la empresa Mexhidro, para la instalación de una hidroeléctrica que ahora está ubicada en dicho sitio en el ejido La Cañada.

La hidroeléctrica fue construida en el periodo 2005-2007, aprovecha toda el agua que almacena la presa y deja sin agua potable a los ejidos y dejó sin hogares a los habitantes de Amilpillas, ya que el poblado quedó bajo el agua.

Fue un 5 de junio de 1998 cuando la Conagua abrió las compuertas de la presa y el agua llegó hasta el pueblo que se inundó y obligó a más de 60 familias a salir de sus hogares, así lo recuerda Eva Espinoza Betancourt, quien pide a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo que pague por los terrenos.

Las familias tuvieron que ser reubicadas en un lugar que ellos conocen como Nuevo Amilpillas, pero eso no sucedió, así lo declara Pablo Espinoza Gorostieta, uno de los afectados, quien después de dos intentos (2006 y 2013), buscó la indemnización de las tierras de él y sus vecinos.

Añadió que es la tercera ocasión que los habitantes se organizaron para la exigencia del pago, ya que afirma que la Conagua expropió tierras a los campesinos de los ejidos Amilpillas, La Cañada, Arroyo Grande, La Playa y Albarrán, de parte de Guerrero y Hacienda de Los Huajes y Las Juntas de Pungarancho de Michoacán.

Pablo Espinoza informó que de parte de Guerrero son tres mil hectáreas que no les han pagado y tras la salida de Amilpillas hubo un censo a las familias que les otorgaron dinero de 40 a 60 mil pesos, que dependía del tipo de construcción de la vivienda.

Asegura que tiene decenas de minutas firmadas con la Conagua y el gobierno federal, algunas indican que les van a pagar y en otras que ya les pagaron por sus viviendas.

El viernes, los ejidatarios Conrado Rentería Cerrato y Pablo Espinoza, de Nuevo Amilpillas y Arrollo Grande, informaron que iniciaron un movimiento en busca del pago de sus tierras y espera ser escuchados por Sheinbaum Pardo, porque en la administración de Andrés Manuel López Obrador nunca fueron atendidos.

Asesorados por el abogado Fernando Jaimes Ferrel, los ejidatarios aseguran que buscarán nuevamente en tribunales el pago de sus tierras, antes de 2026, fecha en que Mixhidro renovará el contrato con la Conagua, para el uso de la presa.

Jaimes Ferrel afirma que existen elementos jurídicos para apelar, ya que hay sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Iguala, que resolvió que la Conagua debe replantear los términos de por qué a los ejidatarios les pagaron en nuevos pesos, pero les pagaron los bienes distintos a la tierra como son: la construcción de casas, huertas, animales de granjas y corrales, más no el pago de la tierra y mientras los predios no estén liquidados, los ejidatarios siguen siendo los dueños y deben obtener un pago con un precio actualizado.

Agregó que la afectación a los ejidatarios no solo es la expropiación de sus tierras, sino que los sacaron de su hábitat natural y los mandaron a vivir a otro lado en condiciones adversas, sin pagarles y les cambiaron totalmente la vida.

Además de que con la introducción de la hidroeléctrica, dejaron el campo por una actividad pesquera, que ellos prácticamente desconocían.