Homicidios azotan a 62% de la República; 5 municipios concentraron 18% de los casos
*México unido contra la delincuencia contabiliza 30 mil 906 personas asesinadas en 2023, y aunque hubo una baja respecto de 2022, las cifras aún son alarmantes
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
EXCÉLSIOR/CIUDAD DE MÉXICO
Durante el año pasado, en 62% de los municipios del país ocurrió al menos un homicidio, pues el registro es que en mil 533 de los dos mil 474 municipios en todo el territorio nacional se registró el asesinato de una persona, informó la organización México Unido contra la Delincuencia.
Pero son cinco los municipios que en 2023 concentraron el 18% de toda la violencia que se registró en el país: Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; León y Celaya, en Guanajuato, y en Acapulco, Guerrero.
Daniela Osorio, investigadora de México Unido contra la Delincuencia, habló de la necesidad de replantear la estrategia frontal para el combate del crimen organizado, ya que a partir de 2006, con el inicio de la guerra contra las drogas, no se han tenido los resultados esperados en la reducción de la violencia homicida.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, informó que en 2023 se registraron 30 mil 906 personas víctimas de homicidio doloso en el país, lo que significa una disminución de 5% en comparación con 2022; sin embargo, México se mantiene como uno de los países más violentos del mundo, en ausencia de lo que se conoce como un conflicto armado.
Entre los principales hallazgos de la investigación destacó que el estado de Guanajuato continúa con la mayor cantidad de personas asesinadas, con tres mil 390 víctimas; mientras que Coahuila y Zacatecas destacan con un descenso en los índices de decesos violentos.
La especialista dijo que preocupan casos como el de Morelos, pues tiene un aumento de las cifras sostenido en los últimos años, así como Chiapas, donde no sólo se ha dado el fenómeno de violencia homicida, sino también el desplazamiento forzado.
Un drama en sí mismo, aseguró, es la cifra de muertes en jóvenes, hecho que además de las consecuencias personales y morales, tendrá repercusiones económicas a largo plazo, cuando la pirámide poblacional termine de invertirse y haya que preocuparse por la falta de jóvenes con actividad laboral formal para poder fondear asuntos como las pensiones.