Es un alcalde, contra quien la FGE ha solicitado el desafuero
*El presidente de la Comisión Instructora, Arturo Álvarez Angli defiende la secrecía con la que se maneja el procedimiento
*Estima que el asunto se desahogue en un periodo de 30 a 40 días
ROGELIO AGUSTÍN/SNI
CHILPANCINGO, GRO.
El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Arturo Álvarez Angli confirmó que el juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE) está dirigido en contra de uno de los 85 presidentes municipales de Guerrero.
El integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, reiteró que la identidad de dicho servidor púbico se mantendrá en un esquema de confidencialidad, porque desde su perspectiva, es la manera adecuada en que se deben desahogar ese tipo de procedimientos, para evitar que los asuntos se politicen.
La tarde del martes 1 de abril, en el punto número uno de la Orden del Día se dio a conocer la solicitud de un Juicio de procedencia promovido por la agente del Ministerio Público del Fuero Común, Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la Orden del Día aprobada por el Pleno, no se mencionaba el nombre ni el cargo del servidor público de quien la FGE reclama la separación del fuero, para efecto de que pueda ser sujeto a una sanción penal.
El juicio de procedencia o desafuero, aplica en el caso de servidores públicos como diputados, síndicos, regidores, diputados federales, senadores o los gobernadores de los estados, además de los jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes por su investidura gozan de inmunidad ante la justicia.
La solicitud fue turnada a la Comisión Instructora, que preside el diputado del PVEM Arturo Alvarez Angli.
El presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui García indicó el mismo martes, que mantener bajo reserva la identidad del servidor público que será sujeto a juicio es un cuerdo de todos los Grupos Parlamentarios y representaciones de partido.
La mañana del miércoles, de manera escueta, el presidente de la Comisión Instructora aportó el dato de que el servidor público sujeto a desafuero será un alcalde, aunque no mencionó el municipio ni la región en que se ubica.
Álvarez Angli estimó que el procedimiento legislativo tendrá una duración de entre 30 a 40 días.
Anticipó que por experiencias vividas en otras legislaturas, mantener la secrecía del procedimiento es la manera más adecuada de desahogarlo, para evitar que los asuntos terminen politizándose.
