Proponen ley para garantizar derechos de grupos vulnerables en Ceresos
BOLETÍN / CONGRESO
CHILPANCINGO, GRO.
Para garantizar los derechos de los internos en los Centros de Reinserción Social, en especial de aquellos que pertenecen a los grupos vulnerables, como la población LGBTTTI, para generar su visibilización, inclusión y protección por parte del Estado, la diputada Leticia Mosso Hernández propuso reformar la Ley de Ejecución Penal del Estado de Guerrero.
En su propuesta, la diputada del Partido del Trabajo refiere que de acuerdo con el pronunciamiento sobre la “Atención Hacia las Personas Integrantes de las Poblaciones LGBTTTI en Centros Penitenciarios” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la estadística del sistema penitenciario nacional refleja que, al mes de agosto de 2018, había 202,745 personas privadas de la libertad, de las cuales el uno por ciento pertenece a este sector.
Manifestó que, aun cuando en Centros de reinserción Social de la entidad se atienden algunas necesidades de este tipo de internos, es necesario determinar su ubicación y sus requerimientos de protección, tomando en cuenta su opinión y las condiciones de internamiento, para evitar maltrato y discriminación, propiciando el acceso igualitario a todas las actividades que se desarrollen al interior del centro penitenciario.
Y es que, señaló, diversos organismos internacionales, nacionales y locales han advertido que las personas LGBTI enfrentan un riesgo mayor de violencia sexual y otros actos de violencia y discriminación a manos de otros internos o del personal de seguridad.
Por estas razones, justifica que es necesario modificar la Ley de Ejecución Penal del estado, para no sólo garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad en general, sino de aquellos grupos vulnerables, como lo son la población LGBTTTI, en el marco del respeto a sus derechos a la igualdad y no discriminación, y desde luego, al libre desarrollo de la personalidad, como la posibilidad de ser y proyectarse como se quiere ver.
Dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
